Guadalajara, Jal. Dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y una mujer fueron imputados a proceso penal por un juez que consideró existían los elementos necesarios para hacerlo luego de que fueron detenidos el pasado 26 de mayo señalados por el delito de trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), los tres tenían como objetivo trasladar a dos jóvenes provenientes de Michoacán (atraídos por falsas ofertas laborales en internet) desde la central camionera de Tlaquepaque con un rumbo que todavía no queda muy claro si hacia Zacatecas o a San Cristóbal de la Barranca, para ser reclutados a la fuerza por el crimen organizado.

“No tenemos exactamente a quién se los iban a entregar. Presumimos que los iban a trasladar a Zacatecas, que es una zona donde (según) algunas otras carpetas de investigación que tenemos han llevado a algunos jóvenes. Presumimos que posiblemente los iban a llevar para allá”, dijo el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, en rueda de prensa.

Los policías identificados como Marvin Alexis N y Ernesto N, además de Andrea Montserrat N, fueron arrestados luego que la mujer estaba a la espera del arribo de los muchachos, de 17 y 18 años, para apoyarse en los uniformados y subirlos a la patrulla municipal SC04 en la que pretendían llevarlos.

Los jóvenes, ante la sospecha de que algo no estaba conforme a la oferta de trabajo de 5 mil pesos por semana que los atrajo, buscaron el apoyo de la policía estatal que patrullaba y detuvo a los tres presuntos implicados.

Tras ser detenidos, Marvin Alexis y Ernesto (quienes estaban en horario laboral y con sus armas de cargo) señalaron que los muchachos eran parientes de la alcaldesa de San Cristóbal, Karina Guzmán Cardona, quien negó algún lazo familiar con los jóvenes y pidió una investigación a fondo por parte de la Fiscalía para deslindar cualquier responsabilidad.

La presunta colaboración de policías de San Cristóbal con el crimen organizado se conoce justo cuando aumenta la polémica por el arrendamiento -a un costo de casi mil millones de pesos y durante tres años- de patrullas para todo el estado, incluidas tres Cybertruck que se han convertido en un atractivo popular con el cual, el gobernador Pablo Lemus mismo lo ha dicho, se pretende mejorar la percepción de seguridad.

Tampoco es la única muestra de la infiltración de los grupos criminales en las corporaciones locales: A principios de mayo fue detenido por la FGR el alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía, acusado de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre (donde a la fuerza o de forma voluntaria se reclutaba y entrenaba a nuevos sicarios).

Chon, como se le conoce en el pueblo donde ha sido alcalde tres veces, usaba a patrullas y policías municipales para el traslado de cuerpos y la localización de fugados del rancho. Recibía según los testimonios que se han ido conociendo en las audiencias recientes, 70 mil pesos mensuales.

En Teocaltiche y Villa Hidalgo desde febrero ambas policías fueron intervenidas por fuerzas estatales y federales. ante la embestida violenta del grupo que domina ambas plazas.

Esta semana se permitió el regreso de algunos policías locales a labores de patrullaje en Teocaltiche, después de un curso de capacitación y pruebas de control de confianza, pero por lo menos 15 de ellos decidieron renunciar, lo que ha dejado al municipio con 10 policías activos y 20 plazas vacantes.