Ciudad de México. El primero de junio, día de la elección judicial, será una simulación, porque ningún juzgador puede reunirse en asambleas con el pueblo, porque estará cometiendo un delito sancionado por la ley. En realidad ese día se elegirá entre democracia y sometimiento, consideró la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Reiteró qué nunca aceptarán ser parte de una reforma que tiene por objeto "destruir el equilibrio de poderes socavando la integridad de la democracia mexicana. Siempre estuvo en la mente del expresidente López Obrador la intención de someter con el pie a los juzgadores que tuvieran el valor de hacer prevalecer el derecho por encima del poder. Esa pretensión autoritaria, impropia de un régimen democrático, es algo que ni el propio Juárez, defensor de las instituciones y del Estado laico, hubiera tolerado".

"La actual titular del Ejecutivo, en lugar de asumirse autónoma, decidió pagar la lealtad al anterior gobierno y su arribo al poder, en lugar de hacer de México un país más democrático. Y pisó más fuerte a quienes defienden la ley y la Constitución".

Indicó que se miente a la población cuando se dice que la presidenta de la República renunciará a designar ministros, porque la designación siempre ha recaído en los ciudadanos a través de sus representantes: los senadores de la República. En un comunicado, la Jufed hizo un llamado "urgente y reflexivo" a la ciudadanía para que mantenga una mirada crítica frente a la narrativa del "oficialismo" sobre una supuesta "democratización" del Poder Judicial.

"La denominada elección judicial representa, en realidad, una estrategia de Morena y algunos otros partidos que, lejos de fortalecer un Poder Judicial autónomo, busca debilitar los principios que lo sustentan para poner sus decisiones al servicio de los intereses del gobierno en turno y su mayoría en el Congreso".

Afirmó que los ciudadanos no estarán votando por personas formadas por la experiencia de los años y rigurosos esquemas de selección y evaluación, sino por gente preseleccionadas, "como lo demuestran los ya denunciados acordeones, y apoyadas por Morena, el gobierno y el crimen organizado, como lo ha reconocido el Senado, la Presidenta, organizaciones de la sociedad civil".

Dijo que eso se llama defraudar la voluntad popular; "cometer fraude a los principios democráticos que nos han unido como Nación, mentir para instaurar un régimen sin contrapesos, como ha sido el caso de la desaparición de los organismos autónomos". 

Lo que se pone en riesgo, apuntó la Jufed, son los derechos humanos de las personas, de las minorías, de los grupos vulnerables y la independencia para resolver con justicia y equilibrio los actos y abusos cometidos, también, contra los agentes productivos nacionales e internacionales que participan en el crecimiento económico del país. "El Estado de Derecho será una ficción". 

"Lo que viene de frente es la pérdida de los derechos a una defensa efectiva. No por nada la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Eurodiputados, en su momento, el propio gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones latinoamericanas de juzgadores, han advertido al pueblo de México el ominoso futuro que nos espera si se realiza una elección de esta naturaleza. No hemos exagerado al exigir su cancelación, pues advertimos que estamos ante un golpe de Estado técnico".

Manifestó que lo que el gobierno busca validar con el voto el próximo primero de junio es un "golpe de Estado en su modalidad técnica".

Insistió que en ningún momento los juzgadores federales se negaron a participar en un proceso de reforma al Poder Judicial. "Al contrario, se expresó de manera clara la disposición de colaborar en el fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Sin embargo, reforma no es sinónimo de demolición, como quedó claro en la farsa del parlamento abierto".

Añadió que la JUFED participará en las manifestaciones pacíficas convocadas el primero de junio y que tendrán lugar en las sedes judiciales de todo el país. 

"La Jufed continuará ejerciendo su responsabilidad histórica y constitucional por todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para salvaguardar la independencia judicial. No renunciaremos a nuestra vocación ni a nuestro deber de defender el orden constitucional".