Ciudad Juárez, Chih. El Juez de la causa penal contra tres ex funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y un venezolano, acusados por el incendio de la estación provisional migratoria de Ciudad Juárez, que ocasionó la muerte de 40 migrantes detenidos y 27 lesionados, pospuso la audiencia del caso por cuarta vez.

El incendio, presuntamente provocado por al menos tres migrantes venezolanos que protestaban por la detención arbitraria y las condiciones en que los mantenían causó las muertes e incendios.

Estas personas son parte de los 12 acusados por el incendio, incluyendo otro venezolano, y en este caso la audiencia pospuesta involucra a Jeison Daniel C. (venezolano) y los agentes R., Gloria Liliana R. G., Daniel G. Y. y Rodolfo C. T.

Las autoridades han intentado iniciar esta audiencia desde hace 17 meses, pero ha sido pospuesta en cuatro ocasiones, hoy bajo el argumento de la defensa de Rodolfo, a la que entregaron la carpeta de investigación el pasado 19 de mayo para defender a su cliente y es considerado poco tiempo.

Aparte, en este expediente, el venezolano Jeison Daniel revocó como sus defensores a Jorge Vázquez Campbell y Rafael Lomas Loya, y solicitó la representación de un abogado del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Al abrirse el caso, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón dijo que era imposible realizar la audiencia porque “no es nada práctico dividir el asunto” entre quienes ya tenían la información de la Fiscalía General de la República y quienes no.

La acusación que se iba a presentar contra los cuatro acusados están integrados en la misma carpeta de investigación que llevó a la acusación de homicidio y lesiones de los cuatro comparecientes, pero no se formuló en su momento por razones aún no aclaradas por la fiscalía.

El 16 de diciembre de 2024 fue el penúltimo intento, pero no se pudo concretar por varias fallas técnicas. En esa ocasión la prórroga se justificó por los errores de la Fiscalía General de la República, así como del propio Centro de Justicia Penal Federal, pues respectivamente no dieron copia de la carpeta de investigación a la defensa de uno de los acusados y no notificaron de la audiencia a la parte ofendida, el Instituto Nacional de Migración.