Ciudad de México. Al informar sobre la sanción a dos miembros de alto rango del cártel del Noreste (CDN) a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro calificó de “víctimas” a las empresas estadunidenses que venden armas a los testaferros de las organizaciones criminales que operan en México.
En un comunicado sobre las sanciones impuestas a Miguel Ángel de Anda Ledezma, miembro de alto rango del CDN, y Ricardo González Sauceda, el segundo al mando de la organización criminal hasta el 3 de febrero de 2025 que fue arrestado, el Departamento del Tesoro hizo su contribución semántica en un momento importante para la demanda del gobierno mexicano contra una de las industrias más poderosas de Estados Unidos.
El Tesoro explicó que De Anda Ledezma, residente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es quien supervisa la adquisición de armas y municiones para el CDN, fracción heredera de Los Zetas. Sus tareas incluyen la revisión de pagos a facilitadores y testaferros del cártel en Estados Unidos y el coordinar la entrega de armamento.
“Estos testaferros hicieron declaraciones falsas para obtener armas de fuego de empresas estadunidenses, que fueron víctimas de las mentiras del cártel. Algunas de las armas se han utilizado en actividades terroristas”, amplió el Departamento del Tesoro.
Sobre González Sauceda, quien era el segundo al mando del CDN antes de su arresto el 3 de febrero reciente por las autoridades mexicanas, el gobierno estadunidense explicó que se ha beneficiado del tráfico de armas de fuego en sus diversas actividades delictivas, incluyendo ataques a la policía y el ejército mexicanos y narcotráfico.
Con su inclusión De Anda Ledezma y González Sauceda en la lista de OFAC, todos los bienes e intereses en bienes de que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadunidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la agencia. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
“El CDN y sus líderes han llevado a cabo una violenta campaña de intimidación, secuestro y terrorismo que amenaza a las comunidades a ambos lados de nuestra frontera sur. Seguiremos impidiendo que los cárteles obtengan las drogas, el dinero y las armas que les permiten realizar sus actividades violentas”, apuntó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de acuerdo con declaraciones recogidas en el comunicado.
Más allá de las sanciones, el Departamento del Tesoro pone como “víctimas” a las empresas que venden armas a los testaferros del crimen organizado que cada año deja decenas de miles de homicidios en México. Esto en un momento que la Suprema Corte de Estados Unidos estaría por emitir su decisión sobre la demanda que el gobierno mexicano promovió desde 2021 contra esta industria por facilitar armamento que termina en el arsenal de los cárteles de la droga.
El mismo gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha reconocido que 74 por ciento de las armas aseguradas en México entre 2017 y 2021 provienen de sus estados fronterizos Arizona, California, Nuevo México y Texas. Pero la inclusión el 20 de febrero de 2025 de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas implica seguir el rastro hacia las compañías que los proveen.
