Colima, Col. El gobierno federal fue denunciado, ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por el uso excesivo de la fuerza en el desalojo de manifestantes en la aduana de Manzanillo el pasado viernes 16 de mayo.

En rueda de prensa, Vladimir Ferruzca, encargado de supervisión aduanera, acompañado de otros trabajadores aduanales, dieron a conocer que la delegación de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Javier Pinto Torres, encabezó el operativo, haciendo uso de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y  granaderos para terminar el bloqueo de transporte de carga hacia el interior del recinto portuario desde el lunes 12 de mayo.

Los inconformes señalaron que desde hace meses son víctimas de acoso laboral, lo cual fue dado a conocer ante el Órgano Interno de Control del sistema aduanal pero al no haber respuesta a sus denuncias decidieron manifestarse el pasado lunes 12 de mayo.

Aclaró que, aunque fueron recibidos por personal de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y de la Secretaría de Marina (Semar), no cumplieron con los acuerdos “Hasta que las 2 de la tarde (del lunes) iniciamos diálogos con la Asipona, toda vez que todo lo que pedimos fue apoyo y no fueron atendidas las denuncias. Nos reunimos con la Asipona (...)  ellos decían que van a ampliar el tema".

Pedimos que ya no hubiera más ceses y se revirtieran los aplicados. Que regresemos a laborar y por eso reactivamos a las 4 de la tarde pero el martes 13, elaboramos nuestro informe donde manifestamos la serie de abusos y acoso sistemático, ese día, recibimos entregas de carga y más presión, decidimos marcar a la central y ya no hubo respuesta”.

El miércoles, se realizaron cuatro despidos más de compañeros, entonces “salimos a organizarnos el miércoles, los operadores de transporte quisieron golpearnos pero no pasó a mayores. Lo que pedimos son las herramientas para poder colaborar, tenemos una aduana de 24 horas y siete días a la semana”.

 A las 8 de la noche el día jueves, Javier Pinto, delegado de Gobernación, tuvo diálogo con los manifestantes “y quedamos de hablar de nuevo, pero acto seguido viene la represión con más de 100 granaderos, todos ejercieron la fuerza del Estado, es por eso que decidimos movernos desde el día viernes a las 2 de la mañana. Nosotros nos fuimos a las casas, y vino un colapso en la aduana, como nunca se había visto y que todavía no logran solucionar el colapso”.

Sostuvo que diariamente se reciben hasta 4 mil tractocamiones y que el flujo de vehículos es continuo.

Desmintieron las acusaciones de tener procesos judiciales y de estar financiados por organizaciones externas. “No tenemos procesos judiciales en nuestra contra, no tenemos nada. Es una guerra sucia, porque nuestra lucha es legítima, buscamos el respeto, trato justo, no pedimos aumento de sueldo, nosotros somos servidores públicos, hay 300 empleados. Estamos obligados a presentar exámenes de confiabilidad y tenemos que hacerlo cada año, yo llevo 15. Pedimos diálogo. Nosotros somos un movimiento civil”, dijo.