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Llaman a SCJN a sentar precedente histórico en caso Fátima Quintana

Sede de la SCJN en imagen de archivo. Foto
Sede de la SCJN en imagen de archivo. Foto José Antonio López
13 de mayo de 2025 17:41

Ciudad de México. Al viacrucus que padecen las familias de mujeres víctimas de feminicidio para obtener justicia, se suma la lucha para que sean reconocidas como víctimas indirectas y así tener una reparación digna. 

Ante ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT llamaron a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a sentar un “precedente histórico en la reparación del daño y en las medidas de no repetición” en estos casos.

Lo anterior, al discutir mañana el proyecto sobre Fátima Quintana, una niña de 12 años asesinada en 2015 en el estado de México, a cuyos padres se les negó el reconocimiento formal como víctimas indirectas del feminicidio.

“Durante estos 10 años, su familia no sólo ha enfrentado el dolor de su pérdida, sino también amenazas, desplazamiento forzado y, en 2020, la muerte de su hijo Daniel, de 16 años, víctima de negligencia médica y estatal mientras se encontraba bajo medidas de protección en Monterrey, Nuevo León”, destacaron las organizaciones.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima señaló a La Jornada que su hijo Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, se convirtió en una “víctima colateral del feminicidio de su hermana a los 16 años debido a una negligencia médica.”

Lorena sostuvo que por una década ha luchado por justicia, pero que las determinaciones de los jueces no han permitido obtenerla, ha sido “revés tras revés que favorece a los feminicidas de mi hija.” 

Narró que a uno de los agresores, que en el momento del crimen tenía 17 años, se le dictaron solo cinco años de cárcel y a otro se le cambió la pena.

“A principio de año, el Poder Judicial Federal otorgó un amparo al tercer feminicida de mi hija, y obliga al Poder Judicial del Estado de México a que explique por qué lo sentenciaron a prisión vitalicia, como si no hubiese quedado claro. También dejaron en libertad al (entonces) menor, cumplió cinco años. No puede ser posible que en el país se sigan protegiendo los derechos de los asesinos.” 

Tras señalar que “con nosotros se han cometido muchas violaciones a nuestros derechos como padres de Fátima” y exponer que “el Poder Judicial no nos reconoció como víctimas con lo que nos negó el derecho a reparación del daño”, Lorena confió en que la SCJN resuelva a favor del amparo directo en revisión 5363/2023.

Las agrupaciones refirieron que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó a los padres de Fátima el reconocimiento formal como víctimas indirectas del feminicidio, “impidiéndoles acceder a la reparación del daño”, por lo que ahora, la SCJN “tiene la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares”.

El OCNF hizo un llamado “urgente” a los ministros de la Primera Sala para votar a favor del proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, el cual propone reconocer “con vocación transformadora” el alcance del derecho a la reparación integral del daño a las víctimas, y exhorta al gobierno del estado de México a garantizar medidas de satisfacción y de no repetición como parte de la reparación integral.

Como parte de la reparación integral del daño, el proyecto incluye acciones simbólicas y de memoria, como la construcción de una estatua en honor a Fátima, disculpa pública con la presencia de su familia.

Las organizaciones señalaron que el contexto en el estado de México es “alarmante”, con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2022 y 2024 se han registrado mil 52 asesinatos de mujeres, pero solo el 28 por ciento se investigan como feminicidios. 

La decisión que tomará la SCJN, agregaron, puede ser “un paso firme hacia una justicia más transformadora y efectiva para las víctimas y sus familias”, tiene en sus manos “la oportunidad de consolidar un marco de justicia y reparación basado en el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez”.

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