Buenos Aires. El sacerdote Francisco Paco Oliveira, que integra el grupo de curas por la opción por los pobres, fue herido seriamente en la frente por la policías de la Federal, que junto a Gendarmería y otras fuerzas de seguridad, reprimieron a los jubilados en la marcha pacífica de todos los miércoles, cuando intentaba ayudar a una anciana que fue arrojada al piso, entre ataques con escudos a pesar de que los manifestantes cumplían estrictamente manteniéndose en la banqueta, como indica el ilegal Protocolo de Seguridad impuesto por la ministra del área, Patricia Bullrich, que acumula varias denuncias ante la justicia.

La extrema violencia con que actúan estas fuerzas de seguridad parecen destinadas a aterrorizar a los jubilados, y a la población ya que la suma de los manifestantes es cinco y hasta diez veces inferior a los efectivos. Oliveira figura entre los sacerdotes que el papa Francisco dejó para ayudar a los habitantes de las villas miserias (ciudades perdidas) y se han convertido en la mayor defensa de los más pobres. 

También fue detenido junto a otro anciano que los socorrió, poniéndole un pañuelo en la herida. “Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla, y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la policía, pero estaba parando los escudos", dijo el sacerdote al canal C5N. Además periodistas fueron atacados con gas pimienta lo mismo que los manifestantes.

En tanto, en el Congreso cuyos alrededores estaban vallados, la ex presidenta Cistina Fernández de Kirchner logró una victoria cuando el proyecto llamado “ficha limpia” con dedicatoria para ella y proscribirla fracasó al reunirse 36 votos, faltando uno para su aprobación; 35 votaron en contra.

La iniciativa buscaba que no se presentara a elecciones quienes estén bajo proceso judicial por corrupción.

Fernández de Kirchner está siendo procesada por una causa falsa que había sido cerrada por falta de pruebas y abierta de nuevo por los jueces del denominado Partido Judicial surgido en tiempos del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Por otra parte desde la provincia de Salta llegan denuncias por la llegada a Tartagal de unos mil 900 militares para llevar adelante la Operación Julio Argentino Roca, que diseñó el Ministerio de Defensa ampliando de esta manera el Plan Güemes, para supuestamente reforzar la frontera común con Bolivia.

La operación fue anunciada a mediados de abril por el ministro de Defensa, Luis Petri en el acto de ampliación del Plan Güemes, cuya aplicación, impulsada por la ministra Bullrich, y el gobernador, Gustavo Sáenz, comenzó en diciembre del año pasado.

En esos momentos llegaron militares al departamento de Orán y se extiende cada vez más la operación militar con lo cual queda implícito que las fuerzas armadas serán utilizadas para la seguridad interior lo cual es anticonstitucional. Además los organismos de derechos humanos acompañados por movimientos sociales y sectores políticos alertan sobre una profundización de la represión estatal bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.