Guadalajara, Jal. En abril de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presidida entonces por Alfonso Hernández Barrón, emitió la recomendación 104/2021 -a la que hizo alusión el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, este martes- dirigida al ayuntamiento de Teuchitlán, por “incumplimiento en la implementación de acciones suficientes y efectivas para la prevención de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.

En la recomendación la CEDHJ también evidenció la falta de elaboración de protocolos de búsqueda permanentes, programas de capacitación y atención a víctimas en ese municipio, donde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró dentro del rancho Izaguirre cientos de prendas de vestir, zapatos y enseres personales, predio que fue calificado por Gertz Manero como centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación.

El documento se centró en nueve puntos para realizar un cambio de prácticas administrativas y la implementación de políticas públicas en la materia, pero como la gran mayoría de recomendaciones que son emitidas por organismos locales o nacionales defensores de derechos humanos, quedaron sin cumplirse y, a partir de agosto de 2022 que ingresó la actual presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, ya no se le dio seguimiento ni se insistió para su cumplimiento.

Godínez, una ex funcionaria del DIF Guadalajara que incumplía los requisitos para ser candidata a presidir la CEDHJ y sin experiencia en la defensoría de derechos humanos, en una polémica votación unánime fue electa como sucesora de Hernández Barrón, impulsada según diferentes agrupaciones ciudadanas y civiles, por el ex gobernador emecista, Enrique Alfaro, y la mayoría de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado. 

A su llegada, Godínez cambió prácticamente a toda la plantilla que había trabajado con el ombudsman, Hernández Barrón, quien prefirió no postularse ante la certeza de que no lograría la relección. 

En puestos clave, la presidenta de la CEDHJ colocó personas cercanas a ella, sin experiencia en derechos humanos la mayoría, algunas de ellas con antecedentes de violación de derechos humanos, removiendo a un equipo profesional y con personas de reconocido prestigio.

En un comunicado emitido este martes luego de las aseveraciones del fiscal Gertz, la CEDHJ informó que fue el 10 de marzo pasado -casi cuatro años después desde que fue emitida la recomendación y cinco días después del hallazgo de Guerreros Buscadores- cuando “a raíz de las notas periodísticas publicadas sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán”, se abrió por oficio el acta de investigación 17/2025.

La comisión hizo una cronología de su investigación: El 11 de marzo cuando la Primera Visitaduría en conjunto con la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento visitaron el predio para recabar información, y el 14 del mismo mes, cuando se dictaron medidas cautelares “para garantizar la seguridad jurídica y personal de quienes transitaban o permanecían en el rancho”. 

Luego, la CEDHJ terminó su intervención ante la atracción del caso por parte de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 24 de marzo, a donde envió, el día 27, las actuaciones recabadas en el acta de investigación.