La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, pues los factores que más aquejan a la infancia de la educación no son académicos, sino estructurales, como la  pobreza, salud, desigualdad y falta de oportunidades.

En el contexto del Día del Niño, el organismo del sector privado consideró que la educación en México debe ser relevante y adaptarse a los diversos contextos sociales, culturales y económicos que nos definen, de modo que los planes y programas respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

“El aprendizaje no puede estar condicionado por la falta de infraestructura, el rezago tecnológico o la indiferencia institucional. La educación debe ser una causa compartida, un compromiso del Estado y de toda la sociedad”, indicó.

Resaltó que más de 26 mil escuelas carecen de agua, 20 mil no cuentan con lavamanos, cerca de 8 mil no tienen electricidad y casi 2 mil ni siquiera disponen de baños. “Estas condiciones vulneran derechos fundamentales y perpetúan la desigualdad”, señaló.

Refirió que 7 de cada diez escuelas de educación básica a media superior no tienen conexión a internet y casi la mitad no dispone de equipo de cómputo con fines pedagógicos, mientras que hay una grave falta de materiales adaptados para niñas y niños con discapacidad.

“Esta brecha digital compromete el acceso equitativo al conocimiento y reduce las oportunidades de millones de estudiantes. Solo el 6 por ciento de las escuelas cuenta con una red de acceso gratuito y funcional lo que limita el uso de tecnologías en la enseñanza”. 

Advirtió que de mantenerse esta situación, México no formará profesionales preparados en ciencia, tecnología, salud, arte o política, capaces de afrontar los retos de un futuro incierto y competitivo.

Agregó que 4 de cada diez menores viven en  condiciones de vulnerabilidad, y uno de cada 10 lo hace en pobreza extrema, mientras que la infancia más pequeña —de 0 a 5 años— es la que enfrenta mayores carencias de seguridad social y acceso a servicios de salud.

“Garantizar este derecho es una responsabilidad indelegable del gobierno federal y de las administraciones estatales. El presupuesto destinado a la mejora de escuelas, conectividad,

materiales didácticos e inclusión debe ser una inversión prioritaria”, dijo.

“Hoy, 25 millones de niñas y niños de entre 0 y 11 años crecerán para formar sus propias familias y construir el país entre 2035 y 2040. No basta con felicitarlos: debemos asegurarles que su educación será la llave para un futuro con oportunidades. Gobierno y empresas debemos trabajar juntos para cumplir ese compromiso”, concluyó.