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Designan a titulares de fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción en CDMX

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino aprobó los proyectos que dictamen con las designaciones de Daniel Osorio Roque y José Gerardo Huerta Alcalá, al frente de las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, respectivamente.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino aprobó los proyectos que dictamen con las designaciones de Daniel Osorio Roque y José Gerardo Huerta Alcalá, al frente de las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, respectivamente. Foto: @Congreso_CdMex
29 de abril de 2025 16:11

Ciudad de México. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino aprobó los proyectos de dictamen con las designaciones de Daniel Osorio Roque y José Gerardo Huerta Alcalá, al frente de las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, respectivamente, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Ambos dictámenes se aprobaron por unanimidad de los 12 legisladores presentes en la sesión del órgano dictaminador, incluidos tres del PAN, y el próximo martes se votarán en el pleno, ante el que rendirán protesta ese mismo día para asumir sus funciones.

Ambos ocupan cargos actualmente al interior de la fiscalía, Osorio Roque, al frente de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la fiscalía, en tanto que Huerta Alcalá como responsable de la Unidad de Asuntos Internos.

El presidente de la Comisión, Alberto Martínez Urincho, señaló al presentar en los proyectos de dictamen la relevancia de ambas fiscalías, en la primera, recae la salvaguarda de la expresión de la voluntad de todo ciudadano que ejerce en sufragio efectivo y la protección del sistema democrático que nos rige.

En tanto que la corrupción, dijo, es un fenómeno mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y ahuyenta la inversión, debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público.

Sus efectos, agregó, tienen un gran alcance, pueden socavar la estabilidad política, social y económica y amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto, al advertir que la corrupción abona a que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia, favorecida por la complicidad de funcionarios públicos corruptos.

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