La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y su equipo sostuvieron una reunión con familiares de personas desaparecidas, víctimas de feminicidio y violencia familiar, quienes le plantearon la urgencia de garantizar investigaciones eficaces, acceso a la justicia y atención sensible por parte de funcionarios públicos, especialmente a nivel estatal, “donde persiste sistemáticamente la negligencia institucional”. 

En un comunicado, la CNDH dio cuenta de la reunión que se realizó ayer y duró casi ocho horas, en las que Piedra Ibarra escuchó “los reclamos y testimonios vivenciales de parte de madres, padres, hermanas, hermanos buscadores y sobrevivientes de violencias y de feminicidio”, y se demandó una acción integral del Estado y la intervención de la Comisión Nacional frente a los diferentes órdenes de gobierno, de procuración de justicia y de organismos públicos de derechos humanos que no han cumplido su tarea. 

Piedra Ibarra se comprometió a estar de su lado “para enfrentar la falta de humanismo y sensibilidad de algunas autoridades encargadas de investigar los delitos, en particular las desapariciones en nuestro país. También recordó que antes, cuando ella y su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, demandaban la presentación con vida de su hermano Jesús Piedra Ibarra, era imposible pensar en reuniones de este tipo, donde las autoridades se sentaran a escuchar a las víctimas, por lo que llamó a sumar esfuerzos y a trabajar juntas para que no sólo se escuche, sino que se actúe”. 

Los colectivos que participaron en el encuentro fueron el Frente Nacional Ni una Menos México, Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, el Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo y Buscando Vidas y Justicia por México, Camilo Justicia para Todos, DAFK Siempre en el Corazón AC, y Buscando a Todas y Todos. 

En la reunión se estableció una ruta de trabajo para cada caso particular expuesto, y en general para fortalecer las acciones de seguimiento y orientación jurídica, psicológica y de atención a los casos, y acompañar desde la CNDH la atención de aquellos cuya resolución se ha dilatado en los estados de la República. 

De igual manera, para impulsar la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos y atención a las víctimas para todos los servidores públicos; generar rutas específicas para la atención a través de las oficinas regionales; y trabajar en conjunto para impulsar las reformas legales y constitucionales que garanticen que la CNDH se convierta en una Institución Nacional de Derechos Humanos que realmente cuente con las facultades y los instrumentos necesarios para que el acceso a los derechos de las víctimas no sea optativo, sino obligatorio, como lo mandata desde 2011 el artículo 1º de nuestra Constitución. 

Frente a las denuncias de crisis de impunidad, retrasos en investigaciones, corrupción en procesos judiciales y la falta de recursos humanos en instancias de atención, la CNDH dijo que mientras no se apruebe la reforma que propuso para esta comisión, tendrá el reto de interpretar “de manera progresiva la normativa vigente que la rige para ampliar su alcance en la protección de derechos humanos”. 

Se comprometió también a gestionar, impulsar y orientar acciones en conjunto para lograr la atención debida de las autoridades estatales en la celeridad en la identificación de restos y la eliminación de barreras burocráticas; reforzar los vínculos de comunicación entre este organismo y los colectivos de víctimas; impulsar reformas de ley necesarias para que el Estado pueda responder de mejor manera a las demandas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección a personas buscadores y familiares de víctimas.