En el marco de sus actividades en el sureste del país, Natalia Téllez Torres Orozco, actual presidenta de la denominada Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó en diversos encuentros académicos organizados por instituciones de educación superior en Tabasco y Chiapas. Las conferencias se centraron en el análisis del régimen de responsabilidades administrativas, las sanciones a servidores públicos y los desafíos institucionales del combate a la corrupción.

El 9 de abril, en Villahermosa, Tabasco, ofreció una ponencia en el Tecnológico Nacional de México, campus Villahermosa, donde abordó la evolución de las leyes anticorrupción en México y la importancia de contar con especialistas con formación técnica en procedimientos de responsabilidad. Se discutieron temas como los vacíos normativos, la interacción entre sistemas de control y la efectividad de las sanciones para disuadir conductas indebidas dentro del servicio público.

El 10 de abril, también en Villahermosa, impartió la conferencia titulada “Las faltas administrativas graves de los servidores públicos federales y su relación con el Sistema Nacional Anticorrupción” en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dirigida a estudiantes de nivel profesional. Durante su participación, señaló: “Si necesitamos reformar la ley, necesitamos... preocuparnos mucho por la preparación de las autoridades investigadoras para que realmente realicen investigaciones que sean, y que ayuden principalmente a poder sancionar a los servidores públicos, pero también que sean un ejemplo para poder prevenir estas faltas administrativas, estos actos de corrupción dentro de las instituciones, y en el país en general.”

El 11 de abril, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, participó en la conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, bajo el título “Justicia en el Derecho Administrativo Sancionador”. Durante su exposición, abordó los mecanismos existentes para sancionar a funcionarios públicos, los criterios jurisprudenciales vigentes y la necesidad de contar con procedimientos claros, accesibles y ajustados a la realidad social.

En todos los espacios, la magistrada sostuvo diálogo con el público, respondió preguntas y atendió las inquietudes de estudiantes, docentes y especialistas presentes. Su participación generó interés por el enfoque técnico y jurídico de los temas abordados, así como por el vínculo entre el sistema anticorrupción y la función de los órganos de justicia administrativa. Estas intervenciones se dieron en paralelo a su proceso como aspirante a integrar el máximo tribunal del país, lo cual también dio pie a reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el Poder Judicial desde dentro.

Las actividades académicas formaron parte de una agenda de diálogo e intercambio que permitió reflexionar sobre el papel de las instituciones en la prevención de la corrupción, la relevancia del derecho administrativo sancionador en el contexto actual y la necesidad de fortalecer la legalidad como eje central de la función pública.