Ciudad de México. Si bien México tiene mecanismos institucionales con Estados Unidos para hacer cumplir el Tratado de Aguas de 1944, el gobierno debe resolver en los estados fronterizos las sobreconcesiones, la tecnificación en los distritos de riego y los pozos ilegales con la finalidad de gestionar los recursos hídricos ante los impactos de la sequía y la expansión demográfica, señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Texas.
A seis meses de concluir el ciclo quinquenal 36 del acuerdo, que va del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025, México aún debe mil 600 millones de metros cúbicos (72 por ciento) de los 2 mil 160 millones de metros cúbicos de agua correspondientes a Estados Unidos del río Bravo, y de aquellos que desembocan en su cauce: el Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y arroyo de las Vacas. El tratado también fija acuerdo para los ríos Colorado y Tijuana.
Para no tener alguna sanción del gobierno estadunidense, Gonzalo Hatch Kuri, profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló a La Jornada que las autoridades mexicanas tienen como opción aplicar el acta 234, firmada en 1969, para pasar la deuda al ciclo 37. Esto se permite al no existir algún déficit en un periodo anterior continúo, como sucedió en el 35, aclaró.
Como segunda opción, señaló, se tiene la aplicación del acta 331, firmada en 2024, se establece la entrega de los excedentes en los ríos San Juan, donde está la presa El Azúcar, y el Álamo, que tiene la presa Las Blancas.
De aplicar esta alternativa, aseguró, se debe negociar previamente con los concesionarios de las presas, y de no hacerlo se podría revivir una revuelta como la que sucedió en San Francisco de Conchos, Chihuahua, en 2020, que dejó varios muertos por la extracción de agua de la presa de La Boquilla para enviarla a Estados Unidos en cumplimiento del tratado.
Como estrategias a largo plazo, Hatch Kuri destacó que el gobierno federal debe reformar la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, ante las sobreconcesiones de agua hay en los estados fronterizos, con la finalidad de establecer más derechos del líquido y un acceso más equitativo ante la sequía.
Resaltó que la tecnificación de los distritos de riego, como lo ha fijado el actual gobierno, ahorrará volúmenes de agua que podrían destinarse a Estados Unidos. Remarcó que es importante supervisar las perforaciones ilegales de los pozos para extracción del agua, ya que tan sólo en Chihuahua se han registrado 12 mil, un caso que documentó la corresponsal de La Jornada, Miroslaba Breach.
Si bien el tratado no contempló las variabilidades de impacto climatológico, como la sequía, Rosario Sánchez, investigadora de la Universidad de Texas, apuntó que ambos gobiernos, junto con la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, deben de trabajar en adaptarlo para adaptarlo a las nuevas condiciones de cada país. Acusó que las autoridades no han tomado con seriedad estas adaptaciones.
Como ejemplo, expuso que ambos gobiernos ajustaron la entrega anual de agua del Río Colorado en beneficio para México.
