Ciudad de México. Familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que les acompañan reprocharon que el Senado se pronuncie en contra del presidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, Oliver de Frouville, ante el proceso que abrió el viernes pasado para conocer si en México esta práctica es generalizada o sistemática, y por lo cual legisladores buscan se sancione al experto francés al considerar actúo de manera “unilateral” y “sin sustento alguno”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Idheas y la Red TDT calificaron la decisión como “inaudita”.
Alicia de los Ríos, quien busca a su madre Alicia de los Ríos desaparecida en enero de 1978, expuso que el senador Gerardo Fernandez Noroña, presidente de la mesa directiva, “de nueva cuenta actúa en contra de las comunidades de víctimas de desaparición de personas”.
En redes sociales, condenó que el Senado niegue “la desaparición sistemática y generalizada en México. Dicen que fue en el pasado. Tampoco ese millar de víctimas han sido resueltas porque se niegan a enfrentar a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional). Y si no están resueltas siguen impunes, es decir, vigentes”.
El Centro Prodh destacó que “nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de derechos humanos”.
Consideró que en vez de disputar el diagnóstico del Comité, "debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”.
Amnistía Internacional México expuso que “negar la desaparición forzada es invisibilizar a las víctimas, deslegitimar la lucha de las familias y perpetuar la impunidad”.
Llamó a la apertura “y a profundizar el diálogo con diversos actores para documentar, analizar y responder ante la crisis de desapariciones en México”.
Por su parte, en redes sociales, la Oficina en México del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos difundió el comunicado de prensa del Comité respecto al cierre de sesión de la semana pasada en el que expone su decisión de activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención, según el cual solicitará información al Estado al tener indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática.
