En el primer semestre de la administración de Claudia Sheinbaum se reportaron 15 mil 905 desaparecidos, de los cuales 7 mil 825 siguen sin ser encontrados, es decir, 49.20 por ciento del total, según cifras oficiales. El resto, 8 mil 80, ya han sido localizados, en su mayoría con vida (93.68 por ciento).

De acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, fue en el primer mes de la gestión de Sheinbaum cuando se sumaron más casos, con 3 mil 4. Le siguen noviembre, con 2 mil 730, y enero, con 2 mil 720.

En cuanto a quienes continúan desaparecidos de octubre a la fecha, 7 mil 825 (29.74 por ciento) son mujeres y 70.20 por ciento son hombres. Las entidades con mayor número son estado de México, con mil 286; Ciudad de México, con mil 156; Puebla, con 638; Sinaloa, con 602, y Michoacán, con 476. La mayoría de las víctimas son jóvenes y adultos, de 15 a 40 años.

Hasta ayer, el registro sumaba 126 mil 891 reportes de no localizados, desde el 31 de diciembre de 1952, de los cuales 23.19 por ciento son mujeres, 76.46 son hombres y no se tiene el sexo de 0.35 por ciento.

Entidades con más casos

Las 10 entidades con más casos reportados, que en su conjunto representan 67.09 por ciento del total, son Jalisco, 15 mil 58; estado de México, 13 mil 846; Tamaulipas, 13 mil 419; Veracruz, 7 mil 66; Nuevo León, 6 mil 902; Michoacán, 6 mil 682; Sinaloa, 6 mil 288; Ciudad de México, 6 mil 164; Sonora, 5 mil 317, y Guerrero, 4 mil 398.

Aunque el periodo de referencia de desapariciones comienza el 31 de diciembre de 1952, las gráficas muestran que el número de reportes se incrementó a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el ex presidente panista Felipe Calderón.

En ese sexenio pasaron de 625 reportes en 2006 a más de 11 mil en 2012. En total sumaron 40 mil 871 y a la fecha siguen desaparecidos 17 mil 496, es decir, 42.80 por ciento.

El gobierno federal ha señalado que durante el periodo conocido como guerra sucia (1965 a 1990), la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado, mientras en la actualidad ese delito ha mutado y está vinculado con la delincuencia organizada y particulares.