La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres desarrollos inmobiliarios ubicados en la franja del ecosistema costero de Puerto Vallarta. Uno de ellos carece de permiso de impacto ambiental, por lo que se le impuso un cierre total temporal; los otros dos hicieron obras adicionales a las establecidas en su autorización de impacto ambiental, por lo que se les impuso un cese parcial temporal.

Desde el pasado 25 de febrero la Profepa puso en marcha un amplio operativo de inspección de desarrollos inmobiliarios en la zona de ecosistema costero de Puerto Vallarta, en atención a las denuncias ciudadanas sobre la proliferación de desarrollos inmobiliarios que no cuentan las autorizaciones ambientales federales correspondientes, o bien cuentan con áreas adicionales a las autorizadas.

Entre los lugares clausurados está el proyecto Breeze Loft 185, al cual se le impuso un cese total temporal, debido a que no presentó la autorización de impacto ambiental federal. Al momento del cierre, se detectó la construcción de un sótano y el primer nivel del condominio.

El Condominio Plurifamiliar Vertical Xalli cuenta con autorización de Impacto Ambiental federal de mayo de 2006. A este establecimiento se le impuso la clausura parcial temporal por la detección de obras no autorizadas.

Otro proyecto cesado es Marina Towers, que cuenta con una autorización de Impacto Ambiental vigente otorgada en mayo de 2007, para realizar cuatro torres con 24 niveles cada una y amenidades. Profepa le impuso una clausura temporal parcial a este desarrollo, debido a que tiene obras adicionales a las autorizadas. Solo una de las torres está construida.

“El desarrollo inmobiliario desordenado, especialmente en los ecosistemas costeros, como el que se está dando en Puerto Vallarta, deja profundos impactos en las poblaciones costeras y en los ecosistemas marinos. No es posible que proliferen los desarrollos con obras adicionales, con pisos adicionales o francamente sin autorización de impacto ambiental. La Profepa mantendrá una labor permanente de vigilancia en la zona para asegurar el cumplimiento de la normatividad o bien la reparación de daños en las construcciones ilegales”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.