Cuidad de México. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se desistió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cuatro recursos de reclamación con los que pretendía que se suspendieran los nombramientos del auditor general y de los fiscales Anticorrupción y contra Delitos Electorales del estado, como medidas cautelares en tanto el máximo tribunal resuelve las controversias constitucionales que el mandatario estatal promovió contra los mismos actos.
En sesión de este miércoles, la Segunda Sala de la Corte anunció que el titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León se desistió de los cuatro recursos de reclamación que impugnaba la negativa del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que admitió a trámite las controversias sobre dichos asuntos, pero a la par rechazó conceder la suspensión sobre los nombramientos hechos por el Congreso estatal.
Garcia Sepúlveda impugnó los nombramientos de Javier Garza y Garza como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado, de Gustavo Javier Solís Ruiz como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado y de Alejandro Reynoso Gil como titular de la Auditoría General del Estado. El gobernador argumentó que el Congreso estatal no respetó la facultad exclusiva del Ejecutivo federal de hacer observaciones a dichas designaciones.
Aunque la resolución de las controversias 240/2024, 241/2024, 242/2024 y 245/2024 seguirán su cauce en la Corte, el gobernador se desistió de *los cuatro recursos de reclamación que estaban* a cargo de la ponencia del ministra Javier Laynez Potisek antes de que se votaran este miércoles y ante la posibilidad de recibir la negativa de la primera sala.
Por ejemplo, en el proyecto del recurso de reclamación sobre la designación del fiscal Anticorrupción, Laynez iba por confirmar la decisión que tomó Gutiérrez Ortiz Mena de negar la suspensión, pues este último consideró que no podía echar atrás el nombramiento al ser un acto ya consumado y que la suspensión no podía tener efectos restitutorios.
“En este sentido, el funcionario cuyo nombramiento se impugna ejerce un rol estratégico. Por tanto, el otorgamiento de la suspensión afectaría directamente la organización y funcionamiento de instituciones fundamentales para el Estado de Nuevo León, generando un perjuicio mayor al interés público…Es por ello que, aunque no es posible otorgar la suspensión por tratarse de actos consumados, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que será resuelto en la sentencia definitiva, se concluye que tampoco sería posible otorgar la suspensión, pues es necesario garantizar la continuidad de las funciones estatales y evitar un impacto negativo en los servicios públicos que estas instituciones proveen a la ciudadanía”, señaló la propuesta de Laynez.
