La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia, que regulan las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, así como las del titular de Seguridad Pública para la recopilación y uso de información de inteligencia y contrainteligencia contra la delincuencia organizada nacional e internacional.

En la exposición de motivos planteó que se requiere el desarrollo de un sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad, de relevancia para lograr la disminución de delitos, especialmente los de alto impacto, para lo cual la secretaría podrá requerir todo tipo de datos necesarios para sus investigaciones.

Este lunes, La Jornada adelantó que la Secretaría de la Defensa preparaba una legislación en materia de seguridad interior, que tenía como eje presentar una propuesta de legislación acorde con las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en materia de seguridad, con aportaciones a la seguridad interna.

La propuesta presidencial no sólo recupera la idea de un registro de usuarios de líneas telefónicas –que ya fue declarado inconstitucional por la Corte en abril de 2022–, sino incluye facultades para el secretario de Seguridad para requerir información de particulares, incluso biométricos y bancarios, para la investigación de delitos.

En los documentos, que serán enviados a comisiones en la sesión del próximo martes, también se prevé que la Guardia Nacional mantendrá su carácter civil, si bien se prevé que el ingreso, permanencia, capacitación y profesionalización de sus integrantes estará a cargo de la Secretaría de la Defensa.

Respecto del registro de usuarios de telefonía, la iniciativa plantea que las empresas estarán obligadas a realizar el registro de alta de titulares de las líneas, e inhabilitar las no asociadas a una persona, con excepción de los servicios de emergencia. Si el Congreso valida la medida, toda línea no registrada en un plazo máximo de dos meses después de que la ley entre en vigor, será suspendida.

El padrón estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los usuarios deberán identificarse con su clave única de registro de población, la credencial para votar con fotografía –los extranjeros con pasaporte–, y las empresas con su registro federal de causantes.

Se prevé que los prestadores de servicios de telecomunicaciones restrinjan de manera temporal o permanente de todo tipo de comunicación en los penales.

En la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia se detallan las atribuciones del secretario de Seguridad, para que pueda requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública.