Ciudad de México. Magistrados manifestaron su inconformidad por la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que el Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Durante la llamada conferencia matutina de los jueces, señalaron que la competencia para resolver el conflicto entre jueces y la autoridad electoral corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Si el Tribunal Electoral pretende hacer cumplir su resolución de manera paralela e inmediata a lo que haga el Comité, está ignorando que el máximo tribunal del país es la SCJN”, señaló el magistrado Juan José Olvera López.

Incluso, afirmó que TEPJF es la última instancia en materia electoral, “pero en este conflicto, lo que se tiene que resolver es si el tema es realmente sólo electoral o también implica otras materias. Ese es el el debate, el Tribunal Electoral en este conflicto es parte y se está asumiendo como una institución que esta al margen de la competencia por encima o afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta ignorando este procedimiento, porque con este proyecto pretende abrir un camino paralelo de cumplimiento de su sentencia”.

Olvera López reiteró que las autoridades deben respetar las suspensiones otorgadas por juzgadores que impiden la elección de jueces y magistrados. “Las resoluciones de los jueces federales deben cumplirse y el tribunal federal que los ordena debe remover todos los obstáculos que sean necesarios para cumplirlos”.

Al respecto, la magistrada Edna Lorena Hernández, secundó a su homólogo, pues dijo que los únicos con facultad constitucional para suspender (el proceso) son los jueces federales y los que están tratando de que se cumpla con la Constitución por los cauces legales son los propios jueces federales. “Que no se engañe a la sociedad. El único con competencia constitucional para suspender son los jueces y aquellos que pretenden asumir facultades constitucionales que no tienen, son los que están haciendo cumplimientos sustitutos de una norma de rango constitucional que ellos desean y quieren, y comentan que nadie debe violar, cuando ellos mismos son los primeros que la están violando”.