Oaxaca, Oax. La jueza de control, Guadalupe Patricia Juárez Hernández, ordenó el pasado lunes el cambio de medidas cautelares para los policías estatal y federal, Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, respectivamente, permitiendo que continúen su proceso en libertad; los uniformados son acusados de la muerte de seis civiles y 27 heridos durante el fallido operativo de Asunción Nochixtlán ocurrido el 19 de junio del 2016.
Los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) acusaron la protección hacia estos ex mandos de los cuerpos de seguridad, y es que de acuerdo con la jueza de la causa, ellos ya tienen más de dos años en prisión preventiva y el proceso se ha retardado por causas ajenas a ellos, poniéndolos como víctimas, por lo que determinó el cambio de la cautelar.
Esto molestó de sobremanera a los denunciantes, quienes son familiares de las víctimas mortales, y es que de acuerdo con ellos, el proceso ha sufrido de retrasos a causa de los acusados, pues han realizado diversos procesos y presentado prórrogas para diligencias e investigaciones.
Otra cosa que llamó la atención de las víctimas de Nochixtlán, es que la jueza aseguró que este no es un caso complejo, pese a que no se ha resuelto en más de dos años; ante ello cuestionaron que si no es un caso difícil, “¿por qué no se ha resuelto?, ¿por qué no ha llegado la justicia a las víctimas?” aseveró Santiago Ambrosio dirigente del Covic.
La jueza de Control, quien participó en el movimiento contra la reforma judicial el año anterior, impuso como medida cautelar que los acusados acudan al juzgado cada 15 días a firmar y que paguen una multa de 20 mil pesos en el caso de Juan Peralta Alavés y 10 mil pesos en el de Carlos Guerrero Romero.
No obstante, no se explicó de ninguna forma cuál fue el parámetro para que se impusieran esas cantidades a pagar, lo que representa una grave anomalía en el proceso, esto aseguró Santiago Ambrosio deja un mal sabor de boca y sienta un mal precedente para la justicia no sólo en Oaxaca, sino en el país, pues se está anteponiendo la protección a mandos policiales a la justicia.
Para el Covic lo más grave de este cambio de medidas cautelares, es que sea a puesto en peligro la seguridad de los denunciantes, pues son mandos policiacos con experiencia y conexiones, mismas que pueden ser utilizadas para agredir o amedrentar a víctimas y/o testigos, alegato que fue ignorado por la jueza.
