Autoridades capitalinas deberán crear una fiscalía especializada en el delito de extorsión, luego de que el Congreso capitalino aprobara una reforma al Código Penal para fortalecer la investigación y endurecer la sanción por este delito que se ha convertido en una epidemia que afecta a la economía, dijeron legisladores morenistas.

En sesión ordinaria, indicaron que a través de la línea telefónica 55 5036 3301 los ciudadanos podrán denunciar actos de extorsión así como cobros indebidos –como pago de deudas tipo gota a gota o los llamados montachoques–. No obstante, con la reforma dichos delitos serán perseguidos de oficio, lo que implica que la fiscalía local está obligada a investigar cualquier acto de este tipo con el simple hecho de tener conocimiento de ello.

Tanto para la extorsión como como los cobros indebidos se incrementaron las penas de prisión de entre 10 a 15 años de cárcel, y multa de entre 2 mil a 3 mil unidades de medida y actualización, que implican entre 217 mil 140 y 325 mil 710 pesos, además de que los presuntos delincuentes no alcanzarán la libertad bajo fianza.

Dichas penas aumentarán al doble cuando lo realice un servidor público –a quien le impondrán la destitución del empleo y se le inhabilitará–, cuando lo haga un miembro o ex integrante de cuerpos de seguridad privada, por una interpósita persona, al efectuarse por vía telefónica o cualquier medio de comunicación electrónica.

Asimismo, cuando se cometa empleando imágenes, mensajes, audios o videos de contenido sexual íntimo, si la persona se ostenta como miembro de una organización delictiva; si se realiza en un centro penitenciario, contra comerciantes, transportistas, menores de 18 años y mayores de 60, al hacer uso de infantes, o cuando quien lo realice obtiene el beneficio pretendido por la extorsión.

Además, al ocasionar daños a instalaciones de comercios o bienes, si intervienen personas armadas, o al realizarse para obtener el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito.

Si bien la oposición votó a favor de la reforma, criticaron que el endurecimiento de las penas no disminuye la comisión de delitos, por lo que, aseguran, era necesario generar otros mecanismos legislativos para darle certeza y protección a la ciudadanía.

En contraste, la diputada Martha Ávila (Morena) recalcó que aumentar las penas al delito de extorsión es impostergable.

No es legítimo ni razonable oponerse a que así sea, porque quien está investido de poder público y de ejercicio de autoridad es quien, primero que nadie, está obligado a acatar la ley, a respetar los derechos humanos y, desde el servicio público, contribuir al bien común.