Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió acogerse a su derecho a no declarar contra su esposa y no responder así a las preguntas del juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, de la Fiscalía y de las acusaciones particulares en su comparecencia en calidad de “testigo” y de esposo de Begoña Gómez, en el caso abierta contra ella en el que es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El mandatario español decidió unos minutos después de su histórica comparecencia presentar una querella por prevaricación contra el juez Peinado y lo hizo a través de la Abogacía del Estado.

El juez español decidió tomarle la declaración a Sánchez en el palacio de La Moncloa, la residencia oficial de la presidencia del gobierno, con lo que se convirtió en el primer mandatario español en el ejercicio que es sometido a una declaración de este tipo, en su caso por una investigación judicial y policial abierta contra su esposa a raíz de una denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Sánchez intentó primero reponder por escrito, apelando a su cargo público, pero al ser rechazada esa condición, finalmente se llevó a cabo el interrogatorio en su oficina, que duro apenas unos minutos ante la negativa de Sánchez a responder a las preguntas, tal y como permite la legislación española para no afectar a los intereses de su cónyuge o familiar.

La abogada y responsable jurídica de Vox, Marta Castro, que estuvo presente en el interrogatorio, relató que Sánchez eludió contestar a todas las preguntas, no solo a aquellas directamente relacionadas con su mujer: “El señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. A nuestro juicio, ese derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés”, que también están imputados en el caso.

Unos minutos después de su comparecencia, la Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación contra el juez Peinado, en representación de Sánchez, que de prosperar y llegar a buen puerto podría suponer el final de la carrera profesional del juez Peinado, a quien la mayoría de los miembros del gobierno lo han acusado de instruir un proceso con “fines políticos” y “sin fundamentos”.