Ciudad de México. La asesoría jurídica de Rafael Medero solicitó la urgente intervención del Jefe de Gobierno, Martí Batres, y del suplente del titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, ante “actos de corrupción y tráfico de influencias” de una funcionaria de la Secretaría de la Contraloría General en contra de su representado.
En conferencia de prensa frente al edificio de Gobierno, la abogada Diana Cristal González Obregón, denunció que se tienen abiertas tres carpetas de investigación “hechizas” en contra de Medero tras presentar una denuncia por violencia física y emocional que sufría su hijo a manos de su madre.
La decisión por ello de acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque los recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco han procedido.
A casi dos años de interponerse dicha denuncia, se mantiene “congelada”, y se desconoce el paradero del niño desde febrero pasado; no sabe si está vivo, pues tiene una enfermedad del riñón.
Los medicamentos para su tratamiento son especializados y no han sido surtidos, ni ha acudido a la escuela, pero la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, “no ha hecho nada para conocer dónde se encuentra y en qué estado de salud”, señaló.
Su titular Miguel Ángel Barrera, al contrario, se ha dedicado a “amenazar a mi representado”, al igual que otros funcionarios de dicha Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia, interponiéndose ya 10 denuncias penales contra igual número de servidores públicos.
Tan solo la solicitud para el no ejercicio de la acción penal en su contra, donde se demostró con argumentos de peritos que no había ninguna prueba para acusarlo de violencia intrafamiliar y retención de menor, no fue atendida por la Fiscalía de NIños, en el plazo que establece la ley, que vence hoy, dijo.
Por ello, acudimos a solicitar la intervención del Jefe de Gobierno y del encargado de despacho de la FGJCDMX para que cese el tráfico de influencias y corrupción, y se conozca el paradero del menor; y acaben los cateos, amenazas y detenciones arbitrarias contra su representado.
Medero denunció que recibió amenazas del fiscal de Niños y ahora teme por la integridad de su hijo de ocho años, de otro menor de meses, de su actual esposa y de él, por “este tráfico de influencias y corrupción”, que ha utilizado su ex pareja para vengarse por el simple hecho de formar otra familia.
