Alcanzar el acceso universal a los medicamentos en México significará poner punto final a un periodo que, durante más de dos décadas, ha marcado la pérdida de la soberanía del Estado y la mercantilización de un derecho fundamental: la salud. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Para encontrar la respuesta, primero debemos echar una mirada a un pasado que dejó al país expuesto y vulnerable. La reciente pandemia desnudó de manera dramática los problemas estructurales heredados en la nación.
A mediados de los años 70, la crisis del petróle o despedía el sexenio de López Portillo y daba la bienvenida a Miguel de la Madrid, quien implementó por primera vez políticas de desregulación, redujo el gasto público en salud y limitó el papel del Estado a ser un mero administrador. Este auge del poder económico sobre las políticas sociales se extendió durante cinco sexenios, desde Salinas de Gortari en 1988 hasta Enrique Peña Nieto en 2018.
Fue así que la salud dejó de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un bien de mercado, donde cada individuo debía invertir de su propio bolsillo para acceder a servicios de salud. Como señala Celia Iriart, dos fuerzas moldearon los problemas existentes en las políticas públicas sanitarias y de regulación: por un lado, la hegemonía del capital financiero; por el otro, el denominado complejo médico-industrial del sector privado.
Esta situación dejó al país ante la necesidad de un enfoque “orientado en misiones” que coordina al sector público y privado para resolver eficazmente los principales problemas de acceso a medicamentos en nuestra región. Pensemos, por ejemplo, en usar la demanda sanitaria del sector público para estimular la innovación –social, organizativa y tecnológica– cuanto sea posible.
Surge así una alternativa distinta a las mencionadas por Iriart y ya implementada en naciones como Brasil: el complejo médico-industrial del sector público. Algunos investigadores señalan incluso la oportunidad que representa este complejo para superar las tensiones entre las lógicas económica y sanitaria, y para organizar a los estados en favor de estrategias nacionales que prioricen a las familias y comunidades. Esto, a su vez, puede ayudar a superar el “cuello de botella” que dificulta el acceso a los tratamientos.
Como afirma Mariana Mazzucato, es determinante que el Estado establezca las pautas para la colaboración públicoprivada, siempre en beneficio del interés común. Debemos concebir la salud como un bien social. Su argumento, con el cual estamos de acuerdo, hace hincapié en la importancia del propósito público como el eje fundamental para crear una sinergia equitativa. En esta sinergia, los actores del Sistema Nacional de Salud, el sector económico y el industrial deben relacionarse y colaborar con una misión compartida, priorizando la protección y atención a las verdaderas necesidades de salud de nuestra población. Sin esta base, no podemos imaginar un acceso universal real a medicamentos en México.
Apostar por un complejo médicoindustrial del sector público significará transformar al Estado de un mero administrador a un proveedor, regulador y responsable de los recursos destinados a la atención sanitaria. Esta es una solución que el México de hoy necesita para el México del mañana.
*Comisionado Federal de la Cofepris
**Subdirectora de investigación de la Cofepris
