Aunque cuatro consejeros votaron en contra de la metodología para la obtención de las preguntas para el segundo debate presidencial, que será el 28 de abril, el proyecto para la recopilación de los cuestionamientos directos de la ciudadanía fue aprobado por siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera Norma de la Cruz señaló que estaba en contra porque la grabación de los ciudadanos en plazas públicas no “garantiza la neutralidad” y aunque la participación ciudadana es fundamental, consideró que carece de criterios “claros” sobre la llegada a plazas públicas y seleccionar a personas.

“¿Cuál va a ser el criterio para seleccionar las plazas?, ¿a qué hora vamos a llegar?, ¿cómo vamos a seleccionar a las personas?, ¿por cómo van vestidas?, ¿vamos a excluir a los rubios, a los pelirrojos?, todas esas subjetividades no están en la metodología y se queda a la discreción de las personas que levantarán las preguntas”, criticó.

Sin embargo, la consejera Dania Ravel apuntó que estas cuestiones se están definiendo y puliendo, a fin de garantizar la neutralidad e interés de los ciudadanos que quieran grabar sus preguntas en los 32 estados del territorio nacional.

“La fecha en que se visitará cada lugar y los lugares específicos que se visiten, no se van a dar a conocer con la finalidad de mantener la autenticidad de las personas que participen y evitar que pueda haber una movilización de grupos para que vayan exprofeso a participar en estas grabaciones”, aclaró.

Pese a ello, la consejera Rita Bell López acompañó los cuestionamientos de Norma de la Cruz. Mientras que el consejero Jorge Montaño consideró que hablar de una participación ciudadana en la cual se tenga que trasladar a equipos de trabajo a recorridos a todas las entidades del país, podría ejercer recursos de más “y tendríamos que hacer una exhaustiva justificación y, sobre todo, creo que debemos apegarnos al uso racional y eficiente de recursos”.

No obstante, el proyecto para la metodología de la recolección de preguntas directas de la ciudadanía fue aprobado por siete consejeros en esta sesión que duró más de 12 horas.