En el marco del diálogo de cooperación binacional que representantes del gobierno mexicano y del estadunidense sostendrán hoy en materia migratoria, organizaciones demandaron que en la reunión se plantee ampliar las vías regulares de migración para que las personas puedan trabajar y residir en lugares más seguros y en condiciones dignas, accesibles a las necesidades de quienes están en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, mujeres, población LGBTIQ+ y adultas mayores.

Asimismo, pidieron que se eliminen aquellas acciones de contención migratoria que obligan a la población en contexto de movilidad a hacer tránsitos más peligrosos, “orillándolas a contratar a traficantes que les cobran montos exorbitantes en condiciones que arriesgan sus vidas. Además de eliminar el despliegue de fuerzas armadas en las fronteras y la militarización del control migratorio”.

Convocaron a que los gobiernos aborden las causas de los desplazamientos forzados, desde un enfoque preventivo, que garantice la seguridad y el ejercicio de los derechos de las personas, aumentando su cooperación para el desarrollo en los países de la región.

También el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia (FJEDD) pidieron que se reduzca la vulnerabilidad de las personas que se desplazan por México, especialmente de quienes lo hacen de manera irregular, garantizando condiciones de seguridad, asistencia humanitaria y acceso a servicios básicos como alimentación y estancia digna.

En un pronunciamiento, resaltaron que la reunión entre autoridades mexicanas y estadunidenses representa una oportunidad para fortalecer sus compromisos adoptados en la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, en materia de una gestión migratoria más humana, facilitar vías regulares de migración e integración en los países de destino, fortalecer los sistemas de asilo y cooperar para garantizar una migración libre de violencias.

Las organizaciones consideraron que la visita se da en un momento en el que el corredor México-Estados Unidos está experimentando cambios en los flujos migratorios debido a la situación política, pobreza extrema, violencia, persecución, discriminación y consecuencias del cambio climático que obliga a las personas y sus familias a abandonar sus países de origen.

“Aunque las nacionalidades y las razones para migrar se han diversificado, un porcentaje importante de esta población necesita protección internacional y se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos coordinados de atención especializada. Por ejemplo, en México, es urgente una mayor inversión de recursos humanos, materiales y financieros en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para que pueda atender, en tiempo y forma, las solicitudes de asilo. De enero a noviembre de 2023 se registraron 136 mil solicitudes de asilo, 4 de cada 10 fueron de mujeres”, aseveraron.

Indicaron que México cierra el año “con un aumento del 433 por ciento de detenciones de personas migrantes por parte de la Guardia Nacional, y más de 686 mil eventos de detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), 3 de cada 10 son mujeres y 2 de cada 10 son niñas, niños y adolescentes”.

Expusieron que también ha incrementado el número de mexicanas y mexicanos llegando a la frontera con Estados Unidos huyendo de la violencia provocada por el crimen organizado.

“Este año alrededor de 180 mil personas mexicanas, en su mayoría familias, dejaron sus hogares; más de 200 mil fueron deportadas desde territorio estadunidense, y 87 mil familias mexicanas fueron detenidas -cifra mayor a lo registrado de 2016 a 2022-“.

De igual manera el Imumi y Fundación para la Justicia coincidieron en que los acuerdos bilaterales previos entre ambos países “se han enfocado en obstaculizar el acceso a los puertos de entrada en la frontera sur estadunidense, endurecer los procedimientos para solicitar asilo, contener el libre tránsito e incrementar las expulsiones expeditas a México. Ejemplo de ello es la participación del gobierno mexicano, por primera vez, en Título 8, a través de la cual se devuelve a territorio mexicano a nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela”.