Monterrey. Actos de intimidación por parte de la Tesorería Estatal contra el Encargado de Despacho y el Secretario de Acuerdos del Poder Judicial del Estado, fueron denunciados públicamente a través de un comunicado, donde se indica que esto se da en medio de la disputa por la definición del Gobernador Interino.

El magistrado Alberto Ortega Peza, quien cubre la licencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Arturo Salinas Garza, emitió la noche del jueves una suspensión que condicionaba la licencia del Gobernador Samuel García a que se surtiera efecto el nombramiento que hizo el Congreso para Luis Enrique Orozco Suárez, como Gobernador interino.

"En las recientes 48 horas, tanto el magistrado Alberto Ortega Peza, encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia, como el licenciado Miguel Ángel Servando Pruneda González, Secretario General de Acuerdos de la Presidencia, han recibido constantes llamadas y mensajes con el objeto de intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas", señaló hoy el Poder Judicial en el comunicado.

"A pesar de que ninguna amenaza o advertencia de peligro puede afectar la acción de los jueces o del sistema de justicia, es trascendente dar a conocer que los actos intimidatorios refieren procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León".

En el escrito, el Poder Judicial solicita la intervención del Gobernador interino, a pesar de que el emecista Samuel García Sepúlveda, afirma haber retomado la Gubernatura en acatamiento a la suspensión de Ortega Peza, aunque técnicamente quedó sin efectos cuando Orozco Suárez asumió como Interino por orden de la Suprema Corte de Justicia.

"A reserva de emprender las denuncias penales correspondientes, se ha solicitado al Gobernador Interino del Estado que tome las acciones que considere pertinentes para garantizar a toda la ciudadanía que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político o de obstrucción a la justicia", señala el documento.