La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) tras comprobar la responsabilidad de cinco servidores públicos de la estación migratoria en Tijuana, Baja California, involucrados en la detención de tres personas colombianas que fueron detenidas “indebidamente en el Aeropuerto Internacional de esa entidad, e injustificadamente trasladadas a Villahermosa, Tabasco”, para su posterior deportación.
Expuso que la queja fue presentada ante la comisión el 31 de octubre del 2022, y en ella se detalló que, el 12 de octubre de ese año, las tres personas arribaron a México a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tomaron un vuelo con dirección a Tijuana, y, no obstante haber sido revisadas en su ingreso al país, fueron detenidas y deportadas.
Aseguró que cuenta con evidencia suficiente para confirmar que las personas colombianas fueron admitidas en México tras pasar el módulo de revisión migratoria, otorgándoles una Forma Migratoria Múltiple (FMM) con vigencia de 90 días. Posteriormente, fueron sujetas a una revisión en el Aeropuerto de Tijuana por personal del INM, quienes las remitieron a la estación migratoria de esa ciudad, además de que los Procedimientos Administrativos Migratorios abiertos, fueron resueltos en la misma fecha y que, en ellos, se determinó otorgarles oficio de salida definitiva del país.
Sin embargo, en lugar de ejecutar su egreso, se instruyó su traslado vía terrestre a la ciudad de Villahermosa.
La CNDH verificó que el procedimiento previsto en la Ley de Migración, al que se deben sujetar las personas extranjeras que no cuenten con documentos para acreditar su estancia en México, incluida la deportación, no era aplicable en este caso.
Igualmente, no se encontraron elementos en los Procedimientos Administrativos Migratorios que se abrieron a las víctimas, para sostener que la documentación presentada fuera apócrifa, ni que las personas retenidas hubiesen proporcionado a las autoridades información falsa.
Por estos hechos, la CNDH recomendó al INM proceder a la inmediata reparación integral del daño causado a las tres víctimas acreditadas y en el plazo de un mes, transcurrido después de aceptar la Recomendación, deberá establecer contacto para que en caso de que deseen regresar al país, se efectúen las gestiones necesarias y se facilite su ingreso al territorio nacional.
Además, el instituto deberá proporcionar la más amplia colaboración para la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que se presente ante su Órgano Interno de Control, en contra de las cinco personas servidoras públicas señaladas como responsables.
