La Paz, BCS. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Alvarez, confirmó que hay un fondo de más de 31 mil millones de pesos para desastres naturales, por lo que este lunes pedirá, desde la máxima tribuna del país, que se activen los recursos para hacer frente a los desastres provocados por los huracanes “Otis” en Acapulco, Guerrero, y “Norma” en La Paz y Los Cabos.

El legislador sudcaliforniano manifestó, en entrevista, que no hay registro en los últimos 40 años de que un huracán como el que golpeó Acapulco haya crecido de categoría 1 a 5 en la escala Saffir Simpson, en menos de 10 horas, por lo que es un tema que debe invitar a una profunda reflexión porque son parte de los efectos devastadores del cambio climático.

Expresó que el gobierno federal tiene que activar el fondo que se ha reservado por petición del presidente López Obrador y que la Cámara de Diputados aprobó, porque hay mucha confusión sobre el tema de la desaparición del Fonden, “este fondo para desastres naturales que existió anteriormente y que en opinión del presidente de la república se prestaba para muy malos manejos porque no llegaban los apoyos a los afectados y porque no se hacía la rehabilitación de la infraestructura con oportunidad”.

Hoy, aseveró, existe un fondo superior a los 31 mil millones de pesos que solamente se activa con el Plan DNIII como es el caso que generó “Norma” en Los Cabos y La Paz, Baja California Sur; y “Otis” en Acapulco, Chilpancingo y Coyuca de Benitez, que es la zona más afectada en el estado de Guerrero.

Mencionó que por fortuna en Baja California Sur no se tuvo la gravedad de pérdidas humanas como está ocurriendo en Acapulco, pero es importante hacer un llamado al gobierno federal para que atienda ambas entidades federativas, porque en La Paz y Los Cabos todavía hay problemas en las vías de comunicación y en los servicios de agua y luz.

“Hay que explicarle a la sociedad que sí tenemos recursos para este tipo de eventos inesperados, pero hoy hay que hacer un llamado a todos porque lo que ocurrió en Acapulco es una desgracia que no teníamos la posibilidad de medir, creo que a todos nos tomó por sorpresa”, comentó.

Dijo que es difícil tener estimaciones en estos momentos de cuánto va a costar la reconstrucción en Acapulco, pero así como hay que mandar recursos a Guerrero, hay que enviar a Baja California Sur.

El ex alcalde de La Paz puntualizó que hay una sobre concentración de recursos en el gobierno federal, por lo que es necesario regionalizarlos para que los 17 estados y 263 municipios costeros de México, susceptibles de ser impactados por tormentas y huracanes, tengan almacenes de abasto y un stock de maquinaria para que cuando se interrumpan las comunicaciones haya una pronta respuesta a las necesidades de la población.

Rubén Muñoz expresó que no se debe depender de la voluntad de nadie, sino institucionalizar los recursos para que los albergues y depósitos de agua estén preparados con anticipación.

“Es importante que tengamos esta disponibilidad inmediata para que sean los gobernadores y alcaldes los que puedan activar estos recursos, para que la población vea con prontitud la respuesta institucional”, dijo.

El legislador sudcaliforniano consideró que además se debe hacer una revisión de las leyes de ordenamiento para el desarrollo urbano y territorial, porque así como se cambiaron las reglas de construcción en la Ciudad de México después del sismo de 1985, lo mismo debe ocurrir en las zonas costeras afectadas por los huracanes.

“Hoy que ves las imágenes de lo que ocurrió en la costa acapulqueña te estás dando cuenta que los edificios parecía que estaban hechos de cartón, porque eran de cartón; y la tablaroca no es una pared que te pueda resistir una situación de vientos de más de 100 kilómetros como ocurre en los huracanes”, mencionó.

Indicó que los legisladores tienen que revisar qué ponen en la ley para que en las zonas sísmicas y de huracanes se construya con las características que se han ido aprendiendo, a fin de no poner en riesgo a la población.