Ciudad de México. Para hacer un seguimiento y evaluación ciudadana de la Ley General en materia de desaparición de personas, a más de cinco años de su publicación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) lanzó la plataforma Red Lupa, la cual presenta un análisis del número de personas en esta condición e indicadores de monitoreo de la norma.
En la presentación, el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña, manifestó que la ley “perdura como una promesa en varios de sus componentes” y que algunos de sus pilares, como el perfil de quien debe encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda o la naturaleza del registro nacional de desaparecidos “requieren una especial atención por parte de todas y todos”.
La desaparición de personas “continúa, la impunidad prevalece en casi la totalidad de los casos y los espacios de participación y de diálogo se están estrechando”, alertó.
A su vez, Raquel Maroño, del IMDHD, expuso que de acuerdo con la información recopilada para la plataforma, el 44 por ciento de las desapariciones en el país se registraron entre los años 2018 y 2023. Del total de personas desaparecidas desde 1962, más de 100 mil, según el registro nacional, el 25 por ciento son mujeres.
“Hay cinco estados que concentran el 50 por ciento de desapariciones que son Jalisco, Tamaulipas, estado de México, Veracruz y Nuevo León”, resaltó. En tanto que las que tienen menos casos son Tlaxcala, Campeche, Tabasco, Yucatán y Aguascalientes.
Maroño indicó que tras analizarse una serie de indicadores como el total de personas desaparecidas; el número de mujeres niñas, niños y adolescentes en esta condición, el porcentaje de aumento anual de casos y el total de instituciones y leyes con las que cuentan los estados, arrojó que las tres entidades que expresan un problema “grave” son Tamaulipas, Jalisco y estado de México, debido a que “el grado de institucionalidad no es suficiente para responder a la crisis”.
