La inclusión de personas privadas de la libertad en ejercicios de presupuesto participativo permite la restitución de sus derechos y la reinserción social, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.
En la presentación del informe de actividades: Ruta para la implementación de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana de personas en prisión preventiva en el contexto del proceso electoral 2023-2024, llamó a sumarse a esta agenda de derechos humanos.
Dicha experiencia, afirmó, cristaliza la oportunidad de romper los ciclos de exclusión de la vida pública de las personas en prisión preventiva de los distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México.
El presupuesto participativo implica que la ciudadanía se involucre en el mejoramiento de sus colonias y para las personas de prisión preventiva resulta fundamental para la construcción de espacios más inclusivo, donde sus propuestas también tengan cabida.
Así como construir sus vínculos dentro de sus lugares de origen, y muy probablemente retorno, así como su inclusión en la vida pública, abonando así también a los procesos de reinserción social, consideró.
La coordinadora general CEA Justicia Social, Ángela Guerrero Alcántara, afirmó que la cárcel y el castigo no es la solución a los problemas de seguridad, como está sucediendo en la región latinoamericana, donde se implementan iniciativas punitivistas por encima de los derechos humanos de las personas.
Por eso es fundamental construir un camino de paz sostenible, donde se incluya a las personas privadas de su libertad.
Valentina Lloret Sandoval, coordinadora de políticas públicas e incidencia de dicha organización, destacó la colaboración de las instituciones involucradas para garantizar y ampliar los derechos políticos y de participación de las personas en prisión preventiva que se encuentran en centros penitenciarios de la Ciudad de México.
