La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por el ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Héctor Taurino Landa Cabrera, quien buscaba detener el proceso en su contra, cuestionando la constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito.
El imputado comenzó a trabajar en el SAT en 2011, y fue escalando posiciones hasta llegar a ser Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes, hasta 2018, cuando se descubrió que una empresa facturera le había regalado una residencia con valor comercial de 15 millones de pesos.
Tras conocerse este hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó sus bienes y encontró que había adquirido otros inmuebles, por un total de 21.9 millones de pesos, valor que superaba sus ingresos como funcionario del SAT, por lo cual lo acusó formalmente por enriquecimiento ilícito.
Ente ello, Landa Cabrera interpuso un amparo denunciando la supuesta inconstitucionalidad del artículo 224 del Código Penal Federal, donde se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito. Alegaba que violaba los principios de legalidad y presunción de inocencia.
El caso llegó hasta la SCJN, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia negando el amparo, bajo el argumento de que el hecho de que la autoridad señale la cantidad de bienes que posee un funcionario, cuando estos exceden su capacidad económica conforme a su salario, no prejuzga sobre origen ilícito.
“En conclusión, la porción normativa impugnada no impone una carga de probar la inocencia, sino que señala la forma en que puede hacerse frente, si así lo desea la persona servidora pública, a una acusación en su contra por un enriquecimiento que se presume ilícito”, señala el proyecto aprobado en la Primera Sala de la SCJN.
Cabe señalar que previo a la votación de este asunto, la ministra Margarita Ríos Farjat solicitó que se le declarara impedida para participar en su resolución, debido a que fue jefa del SAT en 2019, y como tal tuvo conocimiento de este caso, aunque aseguró que no tuvo injerencia directa, pero pidió que se le excusara de votar para mantener el principio de seguridad jurídica, lo cual le fue autorizado por sus compañeros de sala.
