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Ayuntamiento pretende autorizar gasolinera en área verde de Querétaro

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En diciembre los vecinos, al ver que en las afueras de la gasolinera se colocaban letreros en los cuales se ofrecían empleos para trabajar en ese lugar, realizaron una manifestación pacífica en el sitio. Foto La Jornada.
13 de abril de 2023 22:16

Querétaro, Qro. Pobladores de la colonia El Porvenir de la Delegación Municipal Centro Histórico de la cabecera municipal de Querétaro señalaron a las autoridades del ayuntamiento capitalino de pretender autorizar la puesta en marcha de una gasolinera cuyo dueño la instaló en una área verde donde había un parque público y pese a que según un dictamen de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de la entidad, emitido en 2014 representa un latente riesgo, está a punto de iniciar operaciones.

La estación de servicio pertenece a la empresa Servicio Malenny SA de CV, constituida ante el Registro Público de Comercio el 8 de mayo del 2012 y cuyo administrador es un individuo de nombre Martín Gómez Robledo, quien en su momento fue secuestrado por Daniel Arizmendi “El mochaorejas”.

Los vecinos aseguran que al momento en que compraron sus casas, la inmobiliaria les cobró una cuota por el área verde; un día de 2013, empleados de una empresa de la construcción llegaron al lugar, quitaron las bancas del parque y comenzaron a construir la gasolinera. Inicialmente se les dijo que iba a ser una farmacia pero luego se dieron cuenta que era una estación de servicio, lo que les provocó preocupación por la alta densidad de población y por un gasoducto que pasa por el subsuelo.

No queda claro cómo fue que se permitió la instalación de la gasolinera en el parque. De acuerdo a los afectados, mediante revisiones a la gaceta municipal del Ayuntamiento de Querétaro, descubrieron que en junio de 2007, cuando fungía como presidente municipal Francisco Garrido Patrón un individuo de nombre Abraham González Martell solicitó a través de un oficio fechado a la alcaldía la compra de dos terrenos de propiedad municipal.

Uno de los predios, de una superficie de 184.33 metros cuadrados, se ubica en la calle Vicente Villasana esquina con Felipe Ángeles y el otro en la calle Porvenir Poniente el cual cuenta con 120 metros cuadrados.

Los dos se localizan en el Fraccionamiento El Porvenir de la delegación municipal Centro Histórico de Querétaro. El primero, que estaba en la esquina de Vicente Villasana y Felipe Ángeles era donde se ubicaba el parque.

El 1 de junio del 2007, Juana Yolanda Sánchez Barraza, entonces titular de la Secretaría de Administración Municipal, notificó a la Secretaría del Ayuntamiento que los dos predios estaban incluidos como parte del Inventario Inmobiliario y que la propiedad de ambos terrenos estaba sustentada con la escritura pública número ocho mil 126 con fecha del 19 de enero de 1976.

En ese, oficio Juana Yolanda Sánchez informó que el terreno era usado como parque por los vecinos. El 9 de marzo de 2009,sin tomar en cuenta a los pobladores, ya en el gobierno de Manuel González Valle se concretó la venta a favor de Abraham González Martell por la cantidad de 573, mil 101.33 pesos.

La venta estuvo respaldada por el entonces síndico Apolinar Casillas Gutiérrez.

Para formalizar la venta se emitió la escritura 77845 según la cual los vecinos aseguran dice que el terreno es un área verde con un parque.

"No sabemos si Abraham González Martell arrenda el terreno a la empresa Malenny SA de Cv o si es el verdadero dueño pero lo cierto es que no le importó el riesgo que íbamos a correo y permitió que se instalará la gasolinería" dijo Juana "N" una de las afectadas.

Aunque inicialmente se les dijo que se iba a construir una farmacia y unos locales al final instalaron una estación de servicio para expender gasolina.

A partir de entonces los vecinos han iniciado toda una lucha para evitar se ponga en operación.

En 2014 solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) cuyo titular Marcelo López Sánchez realizó un exhaustivo dictamen en el que determinó que determinó que la instalación de la gasolinería era riesgosa para la población.

De acuerdo al documento Sedesu/SSMA/397/ 2014, se corría el riesgo de que hubiera derrames de combustible de entre 100 y mil galones de gasolina, los cuales podrán sobrepasar el área donde estan las instalaciones del centro de servicio, lo que podría afectar a las viviendas aledañas.

En otra parte del dictamen se señala que "se tendría la afectación de un hospital y de una zona habitacional".

Al final, la Sedesu determinó prohibir la puesta en marcha de la gasolinería.

“Esta Secretaría determina negar en materia de impacto y riesgo ambiental la construcción y operación del proyecto de una estación de servicio (gasolinera y 4 locales comerciales) que se pretenden realizar en un predio de 1996.22 metros cuadrados ubicado en Felipe Ángeles No 221, toda vez que la actividad de compra venta de materiales combustibles es incompatible en la ubicación pretendida para el proyecto en cuestión", dice la resolución.

A menos 100 metros de la gasolinera se ubica, además del hospital, en las cercanías dos guarderías, una escuela primaria, y una secundaria.

Por esa razón en mayo del 2019 se logró de forma momentánea la suspensión del proyecto.

En aquel entonces Apolinar Casillas Gutiérrez, el mismo que como síndico procurador avaló la venta ya era secretario de gobierno del Municipio de Querétaro.

Pese a que la negativa para operar fue por los riesgos que representaba, Apolinar Casillas, en mayo de ese mismo año aseguró que se debía a la inconformidad de los vecinos y que se iba a buscar una conciliación.

"El proyecto de la gasolinera ubicada en la calle Felipe Ángeles de la colonia Porvenir, permanecerá suspendido hasta que se logre una conciliación con los vecinos”.

Días después Apolinar mediante diversas maniobras intentó cambiar a los integrantes del Comité Comunitario del fraccionamiento de El Porvenir para imponer como presidente a un individuo de nombre Gerardo Suárez Martínez, alias el “Toques”para que diera su respaldo al funcionamiento de la gasolinería lo cual no lograron.

Más recientemente, el 15 de noviembre de 2022, los vecinos exigieron la intervención de autoridades municipales y estatales para “demoler” el inmueble; además, demandaron la “devolución” de las áreas verdes que se encuentran dentro de la gasolinera.

En diciembre los vecinos, al ver que en las afueras de la gasolinería se colocaban letreros en los cuales se ofrecían empleos para trabajar en ese lugar, realizaron una manifestación pacífica en el lugar.

Un grupo de choque llegó a la estación de servicio y trató de provocarlos, pero los vecinos optaron por marcharse. Los individuos arremetieron entonces contra algunos periodistas que cubrían el hecho.

A principios de año, algunos funcionarios municipales han hecho declaraciones en las que aseguran que la empresa ya cumple con todos los requisitos para operar.

Uno de ellos es Enrique Martínez Uribe, director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro quien recientemente dijo a medios de comunicación locales que dentro el marco normativo no se establece como requisito el solicitar el visto bueno a los vecinos para la autorización de un proyecto como la gasolinería.

El funcionario recalcó que los propietarios cuentan con todos los permisos y licencias a nivel municipal; entre ellas, en materia de Protección Civil y Movilidad así como con la autorización de impacto ambiental en dónde se consideran las distancias que debe cumplir otorgada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Nosotros hemos contestado a los vecinos una serie de solicitudes que nos han hecho. Con el municipio, digamos, ya concluyó su proceso, ya tiene cubiertos hasta lo que es la autorización de la licencia; sin embargo, todavía tienen ellos un proceso a nivel federal”, dijo.

Para colmo, el actual titular de la Sedesu Marco Antonio del Prete Tercero informó que el dictamen emitido en 2014 por esa dependencia carece de validez en el que se tipificó como zona de riesgo el área donde se construyó la gasolinera.

No obstante, los vecinos aseguran que Ricardo Torres Hernández, actual subsecretario de la Sedesu, les confirmó que el dictamen sigue vigente.

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