Santiago. Chile empezará este lunes el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados, informaron las autoridades.
"Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las fuerzas armadas", dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá.
La labor de los soldados durará 90 días y regirá en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto del gobierno.
Las unidades militares podrán realizar controles de identidad y detener a personas que ingresen o egresen por un paso no habilitado de la frontera, para luego entregarlas a la policía local.
El decreto de ley emitido por el gobierno argumenta que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, que ha provocado "la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados"
El alcalde Javier García del municipio de Colchane, uno de los puntos fronterizos donde se activará la medida, denunció en una radio local que ingresan cerca de 400 personas diarias a través de pasos no habilitados. Chile registra un aumento de inmigrantes de países cercanos pero especialmente de Venezuela.
El poblado andino de Colchane, en la frontera con Bolivia, es el paso más utilizado de extranjeros para ingresar a Chile, donde han muerto decenas de personas durante los últimos años. Quienes logran llegar a ciudades chilenas se han instalado en carpas o en plazas o caminan a la deriva pidiendo ayuda.
Esta medida se suma a otras tomadas por Chile en los últimos años, para intentar controlar el flujo migratorio del norte. Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos.
El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse, previo acuerdo con el Congreso, una vez que terminen estos primeros 90 días.
