Madrid. El Congreso de los Diputados de España inició los trámites para la modificación del delito de malversación de fondos públicos, en la línea en la que reclaman las fuerzas independentistas catalanas, sobre todo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con el objetivo de anular las penas de inhabilitación que todavía tienen pendientes de cumplir los dirigentes que participaron en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017. Esta enmienda forma parte del acuerdo entre el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, con los nacionalistas para gozar de una mayoría parlamentaria estable hasta el final de la legislatura.

El vocero de ERC en el Parlamento español, Gabriel Rufián, ya advirtió hace unas semanas que presentaría la enmienda y que la intención era hacer una reforma “quirúrgica”, para acotar lo más posible los cambios de cara a beneficiar a los líderes separatistas, sobre todo a Oriel Junqueras, el máximo dirigente de su partido. Y para evitar que se beneficiaran de la misma otros políticos que han cometido delitos de malversación y que forman parte de las numerosas tramas de corrupción política que se han juzgado en los últimos años, muchas de ellas protagonizadas por políticos de la derecha.

La enmienda apenas inicia el trámite parlamentario, pero se preve que esté aprobada en las próximas semanas, con lo que se podrían iniciar a aplicar las nuevas penas a partir del próximo año. El gobierno también aprovechó para introducir una enmienda en el Código Penal para forzar a la renovación del poder judicial, bloqueado desde hace años por el derechista Partido Popular (PP) y por las agrupaciones de jueces conservadores.