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Feminicidio de la niña Fátima Cecilia en 2020 sigue impune

06 de junio de 2022 15:23

Ciudad de México. A 28 meses del feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighetti Antón “no existe ningún sentenciado, hay desdén de las autoridades para atender nuestra demanda de justicia y nos han eliminado de la carpeta de investigación como víctimas indirectas”, denunciaron sus tíos Sonia y Miguel López, quienes advirtieron que “seguiremos en lucha hasta lograr que quienes le arrebataron la vida y/o no cumplieron con su trabajo sean castigados”.

En un acto de disculpa pública realizado a un costado de Palacio Nacional, donde sólo acudieron el responsable de agencia, Delfino Zamora, y el agente del Ministerio Publico, Édgar Vázquez, quienes, al igual que otros cuatro servidores públicos y un ex empleado de la Fiscalía General de Justicia, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de negación de servicio público, en agravio de los familiares de la menor.

La niña de siete años fue reportada como desaparecida el 11 de febrero de 2020, en Santiago Tulyehualco, Xochimilco, pero hubo dilación para iniciar la carpeta respectiva e iniciar las investigaciones, lo que “nos llevó a ir de puerta en puerta y gritando en las calles para dar con Fátima. Los videos que presentó la policía de cuando va caminando con Gladis Giovana “N”, quien se la llevó de la escuela, nosotros los conseguimos”, recordaron.

Tras la vinculación a proceso de ella y su pareja Mario Alberto “N”, el 22 de febrero de 2020, como presuntos responsables de los delitos de secuestro agravado y feminicidio, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, “se comprometieron a actuar con todo el rigor de la ley en este caso, y no lo han hecho, y menos se presentaron a este acto, demostrando que no les importa la justicia, pese a que vivimos en un país feminicida”, afirmó Sonia.

Los policías de investigación Liliana Peña Trujillo, Oscar Valencia Juárez, Ramón Ramírez Bermúdez y Fidel Segura Rosas, sin embargo no acudieron a este acto de disculpa pública, como tampoco otro que lleva su caso de manera independiente, Miguel Ángel Jurado, lo cual “demuestra su desinterés y desdén. Se volvieron a burlar, pero enfrentarán finalmente una sentencia condenatoria”, advirtió Ana Katiria Suárez, abogada de la asociación Voces Humanizando la Justicia.

Al lamentar que ninguna autoridad de la Presidencia de la República se haya presentado en este acto de disculpa pública, “cuando los tenemos aquí al lado”, explicó que la defensa de Giovana “N” ha interpuesto amparos, bajo el argumento de que su clienta debe de tener una separación de su expediente con el de su marido, a fin de buscar una disminución en su responsabilidad y eso ha aletargado el juicio.

Informó que se tienen además dos procesos abiertos: uno en contra de Luis “N”, padre de Fátima, y su compadre Álvaro “N”, por el delito de violación en agravio de uno de los hermanos de la menor, aunque “hoy hemos descubierto que el padre de Fátima, también la violaba”.

El “trabajo sucio, que es hacer lo que le corresponde a la autoridad nos ha arrojado este resultado”, puntualizó al señalar que los tíos, quienes han llevado el caso, fueron eliminados de la carpeta de investigación y por “lo tanto no tienen derecho a exigir actos de investigación, a promover recursos e incluso a recibir una reparación del daño”.

La lucha por lograr justicia en el caso de la pequeña continúa después de este acto de disculpa pública que tiene por objeto reparar, en parte, el daño causado a las víctimas indirectas de este delito: los familiares de la pequeña y que los servidores públicos involucrados asuman su responsabilidad y sean conscientes de la repercusión de sus actos.

Además de colocar pisos mínimos de actuación para casos posteriores, estableciendo protocolos internacionales y manteniendo el interés superior de los menores, así como la perspectiva de género en caso que haya mujeres involucradas en estos delitos.

La generación de medidas para que no se repita esta situación, es otro de los objetivos, a fin de evitar que se normalice la violencia y la autoridad reconozca cuando falle en el ejercicio de sus funciones públicas, lo cual “pocas veces hemos observado por parte de las autoridades”, reconoció.

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