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Rechaza Congreso de Michoacán juicio contra Silvano Aureoles

En imagen de archivo, Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador del estado. Foto Jesús Villaseca / Archivo
En imagen de archivo, Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador del estado. Foto Jesús Villaseca / Archivo
18 de marzo de 2022 11:42


Morelia, Mich., Por mayoría, el Congreso de Michoacán declaró improcedente el juicio político en contra del ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, presentado por militantes del PT y Morena, que acusaron al perredista de intervenir en el proceso electoral de 2021, al declarar en varias ocasiones que buscaría echar atrás los resultados electorales en la elección para gobernador, presuntamente porque la delincuencia organizada había influido en los resultados adversos para la colación PAN, PRI, PRD.

Con 17 votos a favor, 13 en contra y la abstención de la diputada Daniela de los Santos el pleno del Congreso de Michoacán declaró improcedente el juicio político, cuando en su momento se pudo constatar que Aureoles acudió a diferentes instituciones, como el Senado de la República, a las afueras de Palacio Nacional, e incluso al vecino país del norte para supuestamente presentar pruebas de irregularidades en el proceso electoral.

En el dictamen refiere que no se acredita la violación a la ley electoral por parte del ex gobernador para que se le pueda someter a un juicio político. De acuerdo a los considerandos, se señala que para un juicio político se debe acreditar actos u omisiones a su encargo, así como el que se atente en contra de alguna institución.

Asimismo, 17 legisladores de Morena y PT presentaron una denuncia en contra del ex gobernador Silvano Aureoles, ante la delegación de la Procuraduría General de la República porque se desconoce el destino de cuatro mil millones de pesos que solicitó el entonces mandatario estatal.

Están en proceso varias denuncias, presentadas por el actual gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez, en contra de la menos cuatro ex funcionarios, incluyendo a Aureoles, por el desvío de recursos y el mal manejo del presupuesto público, como el sobrecosto en la construcción de siete cuarteles regionales para la policía estatal, donde hubo irregularidades por más de cinco mil millones de pesos, lo que se dio a conocer recientemente ante la opinión pública.

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