Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre los derechos del ejido Tecoltemi, de Puebla en el otorgamiento de dos concesiones mineras en su territorio, y es una oportunidad de reconocer que la Ley Minera vigente en el país viola derechos fundamentales de los pueblos y comunidades del país, sostuvo el Colectivo Cambiésmola Ya.

Hizo un llamado a los ministros a resolver en favor de la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi en el juicio que litiga contra las concesiones mineras otorgadas en su territorio sin su consentimiento y contra la Ley Minera, “marco legal que permite que se cometan esta clase de abusos en el país”.

Sostuvo que el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo establece que la Ley Minera no se relaciona de forma directa con los derechos y los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, omite que diversos artículos de la Ley Minera son inconstitucionales por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de los ejidos.

Indicó que aunque el proyecto de sentencia reconoce que se violó el derecho a la consulta y al consentimiento del ejido de Tecoltemi, por lo que las dos concesiones mineras impuestas por la Secretaría de Economía sobre su territorio deben cancelarse, “es fundamental que reconozca los impactos negativos profundos que los proyectos mineros dejan en los territorios en los que se asientan y en las comunidades que los habitan”.

En un comunicado sostuvo que “está ampliamente demostrado que la actividad minera, regulada por la Ley Minera, afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas al territorio y al medio ambiente sano y termina mermando su subsistencia como pueblos indígenas. Es decir, que los proyectos mineros dejan graves impactos ambientales, hídricos y sociales, que comprometen gravemente los medios de vida de las comunidades. Además, fracturan el tejido social de las comunidades. A esto se agrega que se trata de proyectos de interés exclusivamente privado, sin ninguna utilidad pública”.

Recordó que la ley minera viola la Constitución, contraviene los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte y afecta profundamente los derechos al territorio de los pueblos, comunidades y núcleos agrarios de México.