Ciudad de México. La ex conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, encabezaron una organización criminal integrada por varias células a través de las cuales “encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, y ya fueron detenidos tres de sus prestanombres y encargados de realizar operaciones financieras a través de empresas fachada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior, al dar a conocer que desde noviembre de 2019 la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Información del Poder Judicial de la Federación refiere que los detenidos fueron identificados como Yarely Eunice Delgado Sierra,José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras.

“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

Desde septiembre de 2021 la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, las cuales le fueron concedidas por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México y desde octubre pasado las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la Ficha Roja, y con ello que corporaciones policiacas de más de 190 naciones colabores en la ubicación de los prófugos.

Álvarez Puga y la ex conductora de televisión, según la FGR, “presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes, y solo dos de sus contratos representaron un desvío de casi tres mil millones de pesos.

“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel ‘A’ e Inés ‘G’, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor ‘Z’, Armando ‘R’, José ‘O’, Ricardo ‘C’, Yareli ‘C’, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, indicó la FGR.

Asimismo, se descubrió que un grupo integrado por servidores públicos, “fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo `G`, Paulo `U`, Emanuel `C`, Jesús `P` y Jorge `N’”.