Mexicali, BC. A nivel nacional, Baja California ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por hostigamiento sexual, un delito que genera discriminación y violencias relacionadas con la subordinación de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. 

Ante esta situación, el Congreso estatal se pronunció por que la administración pública estatal y municipal y organismos autónomos, instrumenten un protocolo para atender, prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, a partir de una propuesta de la diputada de Morena, Michel Sánchez Allende, a la que se adhirieron diez legisladores. 

En el documento se explica que para medir el delito de acoso sexual, una violencia que genera indefensión y riesgo para la víctima, se requiere armonizar la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. 

Sánchez Allende expuso que el protocolo estará dirigido al personal de servicio público de los Poderes Públicos, los siete Ayuntamientos y organismos autónomos de la entidad, además de usuarios, prestadores de servicio social, personal de honorarios y personas subcontratadas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de hostigamiento sexual, acoso sexual y cualquier forma de violencia. 

El protocolo seguirá el modelo elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020. 

Trabajadoras del Uneme denuncian hostigamiento

Un grupo de trabajadoras de la Unidad de Especializadas Médicas de Mexicali (UNEME), denunciaron el 29 de septiembre de 2021 que eran victimas de “hostigamiento, burlas y conductas abusivas" por empleados de ese centro de trabajo por medio de un grupo de whatsapp en el que "envían imágenes sin su consentimiento, se mofan de sus cuerpos, se les sexualiza, e incluso les toman fotografías", además que advirtieron la inexistencia de mecanismos que prevengan, atiendan y sancionen estos ilícitos. 

Las víctimas pidieron una disculpa pública por los daños sicológicos y morales y que se promueva una cultura de la denuncia y de prevención ya que al salir a la luz este caso, se generó un ambiente laboral hostil y no hay áreas de trabajo seguras.

Las conductas se denunciaron ante el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del gobierno de Jaime Bonilla, con quien se reunieron pero desestimó la violencia digital cometida contra seis trabajadoras y se amplió a otras diez que se solidarizaron en la exigencia de frenar la situación de vulnerabilidad. 

Las trabajadoras presentarán denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por estos ilícitos.