La demanda de establecer la representación proporcional en el Legislativo es casi tan antigua como lo que en su tiempo se denominó el régimen de la posrevolución. Como se ha escrito en otros momentos en La Jornada, fue Narciso Bassols –dos veces candidato a diputado (1943 y 1948), mismas en las que fue víctima de fraude– uno de los primeros que enarboló esa petición. La consigna se heredó como parte de las marginales, pero existentes campañas electorales de la oposición. Fue presentada en 1952 por Lombardo Toledano en la coalición popular-comunista y en 1958 hizo parte del programa de la alianza PCM-POCM con Miguel Mendoza López como su candidato. En ese año el Partido Popular, a pesar de apoyar a López Mateos, también incorporó la dimensión representativa en su programa. De tal manera que lejos está de ser una innovación para México, de Federico Reyes Heroles, aquel hombre de Estado que recibió a Enrico Berlinguer declarándose lector de Gramsci.
Sin embargo, mirar el proceso de la reforma de 1977 como se está haciendo en la discusión pública, debe salir de la pura preocupación presentista. Me permito voltear la mirada a un momento clave en términos electorales, que fue la elección de 1988, y esto es así porque, tanto en la justa intermedia de 1979 y en la presidencial de 1982, no había posibilidad de disputar realmente el poder al partido gobernante. La reforma política tuvo su primera prueba de fuego cuando una fuerza política social de gran calado lograba convocar la noción de democracia como ejercicio de mayorías. Retomo para comprender ese momento algunas de las entrevistas hechas en 20 años de búsqueda: Testimonios desde la izquierda, que en 1991 realizó Eduardo del Castillo a líderes políticos.
En estos diálogos, Raúl Álvarez Garín señaló que “el propósito de la reforma política es aislar, separar” a las fuerzas políticas, aunque había permitido una experiencia parlamentaria hasta entonces inédita. Por su parte, Valentín Campa señalaba que “el gobierno no quería hacer esas concesiones y presentó la máxima resistencia”. En tanto que, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, quien venía de la experiencia del fraude electoral, consideró que: “fueron reformas limitadas, reformas que no pretendieron abrir paso a una verdadera democratización del régimen político, y que en ningún momento se plantearon siquiera terminar con el dominio político del partido de Estado”. Para Heberto Castillo aquello era “una adecuación, no es el aterrizaje de nada”, haciendo referencia a que no se lograron cristalizar las grandes demandas de 1968. A su turno, Pablo Gómez expresó que la reforma no alcanzó “a modificar completamente la situación política, pero, aunque muy parcial, es una reforma”. Arnoldo Martínez Verdugo declaró que fue una “reforma muy limitada”, en cuyo centro de disputa estaba la figura del registro de los partidos. Gilberto Rincón, igualmente, expresaba que “fue muy limitada”, pero que lo más importante fue el registro del PCM.
Hoy, si se sostiene que el corazón de la reforma de 1977 estaba en la representación proporcional sin más, se obvia el conjunto de la discusión dado en las audiencias por parte de los partidos de oposición, que refería a la democratización total del Estado y de sus vínculos con la sociedad (e incluía el mundo rural y del trabajo), así como al pleno uso de derechos y libertades. Se elude con esta operación que, aunque las “minorías” encontraron cierta posibilidad de praxis parlamentaria, la realidad es que la contienda por el poder siguió vedada.
Por lo anterior, después de 1988 los principales actores se mostrarán escépticos y críticos de la cristalización reformista. En lo específico de aquel momento, el mecanismo de la representación proporcional pasaba a segundo plano si no se atendía la capacidad de reconocer derechos a las fuerzas políticas organizadas (el problema del registro, en especial de la figura del “condicionamiento”) y, sobre todo, el respeto efectivo al voto. Y fue la marea popular de 1988 la que demostró que, más allá de la representación parlamentaria, existían múltiples pendientes. Aún hoy podría señalarse la profunda tutela de los organismos estatales (a pesar de la autonomía del órgano encargado) sobre los partidos políticos, entendidos como expresiones sociales y, sobre todo, la complejidad para la formación de nuevas agrupaciones.
Reabierta aquella discusión, es importante mirar su conjunto (con críticas y reservas, que no fueron pocas) y no sólo partir de fragmentos. Si entendemos que la democratización es siempre un proceso inacabado y perfectible, es pertinente imaginar el poder dar pasos adelante y formular nuevas maneras de la representación política que permitan un ejercicio democrático de mayorías y garanticen las condiciones efectivas de disputa del poder.
*Investigador UAM. Autor de La raíz nacional-popular: las izquierdas más allá de la transición
