Madrid. El 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña, también llamado la Diada, que en los últimos años se ha convertido en el epicentro de las concentraciones y reivindicaciones independentistas, sobre todo para exigir un referendo de autodeterminación del Estado español. En plena pandemia, y también en una situación de franca división de las formaciones secesionistas, la marcha de este año congregó a más de 100 mil personas -400 mil menos que hace dos años y más de dos millones que hace cuatro-, en donde además se registraron abucheos y silbidos contra el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, al señalarle como el principal defensor de abrir una mesa de diálogo con el gobierno español.

El presidente catalán llegó acompañado de la plana mayor de su partido, incluido el ex vicepresidente catalán y considerado el líder moral de la formación, Oriol Junqueras, quien además fue uno de los presos indultados por el proceso de secesión fallido del 2017. Al aterrizar en la Plaza Urquinaona, donde tenía que iniciar la marcha, de inmediato se empezaron a escuchar silbidos, abucheos y gritos de “traidores”. Sobre todo desde el sector más radical del independentismo, es decir de las bases de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la convocante de la manifestación, y de las juventudes de la formación anticapitalista Arran.

Junqueras, visiblemente incómodo, afirmó que “si no nos ha hecho callar la prisión, tampoco lo harán los insultos y las amenazas”. Una parte del movimiento independentista catalán señala a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), y por tanto a Junqueras y a Aragonés, de haber claudicado frente el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, y se estar dispuestos a sentarse a dialogar en una mesa que iniciara a finales de la próxima semana. Ese sector del secesionismo reclama adoptar medidas unilaterales que conduzca a la separación de Cataluña del Estado español, sin negociar ni hablar con la contraparte española.

El origen de la polémica por la mesa de diálogo radica sobre todo porque mientras que el gobierno español la afronta como una vía para la resolución del conflicto, pero siempre pensando en la continuidad de Cataluña en el Estado español, en el separatismo, sobre todo en ERC, se ve como una oportunidad para llegar a un pacto para permitir un referendo acordado y vinculante. Desde la formación de la derecha nacionalista, Junts per Cataluña (JxCat), la que lidera desde Bruselas Carles Puigdemont, ni siquiera se le otorga la más mínima credibilidad al encuentro, al considerar que se trata de una artimaña más del Estado para negar a la ciudadanía catalana sus reivindicaciones de independencia.

Uno de los líderes más respetados del separatismo, el también ex preso Jordi Cuixart y que pertenece a la plataforma civil independentista, Omnium Cultural, afirmó en un acto frente a los líderes políticos que tienen que ir “unidos a esa mesa” y a “no ceder al chantaje de la represión”. Cuixart afirmó: “Hay continuar presionando para llegar a la autodeterminación si queremos tener un país democrático. Es nuestra responsabilidad continuar presionando, sin ceder al chantaje de la represión, porque la única manera de afrontar la resolución democrática del conflicto es la amnistía”.