Ciudad de México. Las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior ponen en riesgo el suministro de gasolinas y otros energéticos en el país, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que reiteró su apoyo al gobierno en el combate de la ilegalidad.

El órgano cúpula expresó su “profunda preocupación” sobre los cambios administrativos, pues consideró que vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio.

Recordó que el 11 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispone que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado.

Apuntó que el despacho en LDAs es un mecanismo que han utilizado participantes públicos y privados del mercado para la importación y exportación de mercancías que, por su volumen o características especiales, requieren de instalaciones específicas.

Agregó que este mecanismo permite agilizar las dinámicas del comercio exterior y aumentar las capacidades de la economía mexicana y cumplen todas las obligaciones fiscales y aduaneras que marca la ley.

“Restringir su uso únicamente a las Empresas Productivas del Estado desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional”, dijo.

“Con esta medida, México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos”, comentó.

“La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios”, señaló.

Estimo que con dicha medida, la afectación potencial a mediano plazo sería de 25 hasta 48 por ciento de las importaciones de petrolíferos, lo que “pone en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles”.

Subrayó que el sector privado defiende el principio de legalidad y la plena aplicación del Estado de Derecho, pero “cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para poder combatir hechos delictivos, es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país”.

“ La economía cuenta con un marco jurídico. Por eso, estamos convencidos que la autoridad tiene todos los instrumentos para combatir la ilegalidad y su obligación es aplicar la ley”, dijo.

El CCE aseguró que los inversionistas nacionales e internacionales están convencidos de la necesidad de unir esfuerzos con el gobierno para promover el desarrollo de México e impulsar el crecimiento de la economía, a través de la creación de empleos.

Por lo que reiteró su respaldo a las autoridades para combatir toda ilegalidad en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, con el marco legal y regulatorio vigente.