Ciudad de México. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de violencia obstétrica puede contribuir a hacer notoria esa práctica, como la de esterilización forzada, que constituyen un trato degradante para las mujeres, confió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La esterilización forzada, afirmó, es frecuente y tiene mayor incidencia en mujeres que acumulan algún factor adicional de discriminación, como discapacidad, en especial en aquellas que se encuentran institucionalizadas.

Se trata de actos de violencia que contravienen el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El 26 de mayo, la primera sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 1064/2019, relativo al caso de una mujer a quien se le realizó una esterilización durante un procedimiento de cesárea en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho procedimiento fue realizado, además, en un contexto general de violencia obstétrica, que representa violencia de género debido a que su ejercicio corresponde a la naturalización de estereotipos de género, con base en la resolución de dicha instancia.

Los ministros determinaron que la esterilización se realizó sin el consentimiento previo, libre, pleno, e informado de la víctima; y establecieron que existieron tratos degradantes tal como lo han señalado los organismos internacionales en casos similares.

Ello es relevante en tanto que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorpora la discriminación como un detonante de conductas que puedan constituir tales tipos penales.

Recordó que, las violaciones a los derechos reproductivos son señaladas en la Recomendación General sobre la vida independiente de las personas con discapacidad (01/2020) de la CDHCM.

Además, la Comisión emitió la Recomendación 05/2019 sobre Violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica. Tratos inhumanos en contra de una víctima y sobreviviente de violencia obstétrica y de sus familiares.

Consideró que, tanto esta última Recomendación, como la resolución, se anticipan a la inminente sentencia del Caso Manuela y familia vs El Salvador, el cual podría ser el primero en calificar la violencia obstétrica a nivel regional y fijaría un estándar de cumplimiento para los países americanos.

La CDHCM ha sido insistente en tal oportunidad al someter un escrito de Amicus Curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó.