La disposición mostrada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se avance en la investigación de los crímenes de la llamada guerra sucia, es un gesto positivo, pero dicho compromiso únicamente va a fructificar si existe voluntad política para obligar a los autores de abusos a entregar la información que tienen sobre el tema, en particular los militares, señalaron organizaciones civiles.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, destacó que es importante que el tema empiece a tocarse públicamente por parte de este gobierno, porque todavía hay muchas personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos que pueden brindar información al respecto.

“Sí se puede avanzar, pero necesitamos voluntad política del Ejecutivo, de los servidores públicos que están al frente de las instituciones, porque sigue habiendo resistencia y falta muchísimo todavía. Lo vemos positivo, pero esperamos que no sea sólo un tema de campaña”, indicó.

Sobre las posibles reticencias de las Fuerzas Armadas a este proceso, el activista consideró que el Presidente de la República “podría fácilmente llamar a los militares a que den datos sobre el paradero real de todos los desaparecidos” de la época de la llamada “guerra sucia”, cuyo número se estima en alrededor de 850, entre los años 60 y 90 del siglo pasado.

Por su parte, Juan Carlos Mendoza, integrante del Comité Eureka, destacó que la reunión del pasado miércoles entre Encinas y diversas organizaciones fue positiva, ya que en ella los colectivos le dijeron al funcionario “qué queremos y cómo lo queremos y eso se retomó”.

Los familiares de personas desaparecidas, dijo, “pedimos una cosa muy simple: un poco de voluntad política para que ocurra lo que la ley dice que debe ocurrir. Llevamos décadas encontrando toda clase de trabas, y al menos tenemos esperanza, porque no creo que lo que siga sea peor que lo que ya hemos encontrado”.