Ciudad de México. Los escenarios de exclusión y discriminación entre personas pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas persisten, enfrentando las mujeres indígenas “dobles o triples procesos de discriminación y destrucción social”, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez. 

El reconocimiento constitucional de sus derechos a la autonomía, libre determinación, participación y consulta, entre otros, no evita que frecuentemente enfrenten el rechazo por su color de piel, apariencia física o su forma de hablar.  

Tal situación puede llevar a negarles el acceso a la salud, educación, vivienda y agua; y enfrenten problemas para acceder a la justicia y a una adecuada defensa, porque los jueces, ministerios públicos y policías desconocen sus formas de organización social y sus lenguas. 

En la presentación de la revista Ciudad Defensora, dedicada en su edición número 8 a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, señaló que además se encuentran con barreras para ejercer sus derechos a la consulta y a la participación en políticas. 

 Dicha situación les impide el ejercicio pleno de sus derechos a la autonomía y participar en proyectos que puedan impactar su forma de vida, territorio y prácticas culturales con las que expresan y reproducen su identidad, comentó. 

 En la ciudad, de acuerdo con el padrón de Pueblos y Barrios Originarios, existen 139 y 58, respectivamente, y más de la mitad del territorio está conformado por antiguos pueblos y barrios de origen precolonial, con identidad étnica, instituciones culturales y capital cultural 

De una población de 9 millones 209 mil 944 personas, el 1.4 por ciento, es decir, 125 mil 153 es hablante de lengua indígena, aunque se ha reducido 0.1 puntos respecto de 2015, pero se registra un aumento de personas monolingües, al pasar de 542 a mil 32 hablantes.  

 El 65 por ciento de las personas monolingües son mujeres; de las 68 lenguas indígenas nacionales, 55 se hablan en la ciudad, siendo las más utilizadas el Náhuatl y el Mazateco; e Iztapalapa es donde residen el mayor número de hablantes, detalló. 

 Por ello, dijo, se requieren acciones y políticas públicas locales con base en un estándar normativo para protegerlas de cualquier tipo de abuso, maltrato y otro tipo de violencia.