Mazatlán, Sin. Personas desplazadas por la violencia en el sur de Sinaloa, que ahora radican en zona rural de esta capital, realizaron una marcha en la carretera internacional en el tramo de Villa Unión-Durango para exigir apoyos, solicitar viviendas y terrenos.

También denuncian que no han sido atendidos por autoridades de ningún nivel, ya que a dos años de haber sido orillados a salir de sus poblaciones de origen, no fueron incluidos en el padrón para vivienda del gobierno estatal.

Las familias sin hogar denunciaron la indolencia del alcalde de Mazatlán, de extracción morenista, Luis Guillermo Benítez, y el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid, pues no escuchan sus demandas sociales.

Durante la protesta los inconformes exigieron terrenos para edificar viviendas, pues la mayoría son trabajadores agrícolas que han emigrado a la región en busca de empleo y se quedaron a residir en colonias marginales en donde tienen que rentar casas.

Miguel Ángel Gutiérrez, representante del Movimiento Amplio Social Sinaloense (Mass), explicó que son alrededor de 200 familias que fueron desplazadas de diferentes poblaciones del municipio de Concordia y Rosario, que optaron por quedarse a vivir en colonias de la zona rural de la sindicatura de Villa Unión, debido a que se encuentra más cerca de sus lugares de origen o para laborar en el campo.

Precisó que estos núcleos familiares fueron soslayados del padrón de desplazados en Mazatlán, por lo que demandan su derecho conforme a la Ley de Desplazamiento Interno Forzado de ser atendidas por el gobierno municipal y estatal, incluso para que les doten de los beneficios de despensas de lo cual también han sido excluidos.

Informó que ante la incompetencia de las autoridades municipales, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les ayude con los problemas que enfrentan.

El líder comentó que la directora general de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, Ariana Torres, les ofreció que el secretario general de gobierno Gonzalo Gómez Flores y el director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, César Saucedo Barrón, establezca un diálogo constructivo con los agremiados del Mass para encauzar las peticiones planteadas.