El asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido hace 10 años, así como otros tantos hechos de secuestros, extorsión y homicidios, “pone al descubierto la fragilidad del Estado mexicano frente a la proliferación de grupos delincuenciales que han permeado todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad de toda la población frente a los criminales, pero especialmente de las personas migrantes”, señaló la Iglesia católica. 

En un mensaje, el obispo José Guadalupe Torres Campos, de la Dimensión Episcopal de Pastoral De Movilidad Humana, expuso que la masacre de San Fernando, y de tantos otros migrantes que hoy “siguen siendo víctimas del crimen organizado, exigen del gobierno políticas migratorias más justas y accesibles” que no los obliguen a vivir en la clandestinidad “y convertirse en presa fácil de estos grupos”. 

Destacó que "las políticas migratorias que buscan frenar y reprimir la migración solo favorecen a los grupos criminales”. 

Manifestó que como Iglesia, “nos duele la situación por la que atraviesan” los migrantes y, se solidarizamos con las familias de los 72 de San Fernando y de todas las personas que migran y han sido víctimas del crimen organizado en el país “y que hoy claman por justicia y verdad”. 

En tanto, la misa que celebró en la Basílica de Guadalupe ayer el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, expuso que la obediencia a la autoridad de las diferentes instancias de la sociedad “sufre un grave deterioro. Muchas veces y con frecuencia debido a la mala gestión de los administradores”.