Ciudad de México. Emilio “L”, solicitó hoy al juez Juan Carlos Ramírez Benítez que resuelva en esta audiencia si lo vincula a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, relacionados con la recepción de 10.5 millones de dólares entregados como sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es hasta el momento el único ex funcionario mexicano que es llevado ante la justicia federal por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia inicial, en la que se desahoga lo concerniente a la causa penal 261/2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que los representantes de la constructora brasileña entregaron al imputado 10.5 millones de dólares para que los asesorara, los relacionara con empresarios y políticos mexicanos, y los beneficiara con la adjudicación de contratos de obra pública.

La audiencia se realiza en forma virtual, desde el Reclusorio Norte por un lado y el hospital Ángeles Pedregal, donde está internado el imputado, por el otro.

 Los fiscales mexicanos han señalado que Emilio “L”, su madre, esposa y hermana, tuvieron participación en la realización de transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los recursos pagados por Odebrecht, y que parte de ese dinero fue utilizado para adquirir una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

Durante la audiencia, los representantes de la FGR mencionaron que existen pruebas para vincular a proceso a Emilio “L”, entre ellas, las denuncias formuladas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las cuales se señala que la empresa brasileña se declaró culpable en una corte en Nueva York, Estados Unidos, de pagar sobornos, entre ellos, 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano.

 También se aportaron las declaraciones de Gilberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México y quien reconoció que “al presidente de Pemex como la persona que recibía los sobornos”, y que el beneficiario de las cuentas a las que se transfirieron los recursos era Emilio “L”.

 Las autoridades mexicanas han señalado que el ex director de Pemex “violó los códigos de ética de los servidores públicos porque no actuó con probidad ni confidencialidad requerida”, y que muestra de ello fue no haber cumplido con los requisitos de licitación pública para la realización de trabajos en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y haber adjudicado de manera directa una obra de más de mil millones de pesos.