Aunque México ya tiene un marco constitucional y legal para atender la violencia política contra las mujeres es necesario vigilar este cumplimiento en los partidos políticos, donde se tejen las resistencias, pero también el miedo de ellas a denunciar, señaló Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Generalmente los partidos no hacen llegar ese dinero, les dan las candidaturas y (les dicen) ‘hazle ahí como puedas”, al tiempo que persisten problemas en la justicia partidaria, pues el 82 por ciento de los casos de violencia que resolvieron en estos grupos fueron desfavorables para las mujeres.

En muchos casos, añadió, hubo revictimización o ausencia de justicia imparcial e independiente.

Durante el congreso internacional de estudios electorales, la consejera se refirió a los motivos para construir este entramado legal surgido de la unión de las mujeres.

“Todo nace desde los partidos políticos, ahí también se generan actos de violencia”.

Señaló que la inequidad y violencia se genera también en los aspectos financieros, pues los recursos públicos entregados a los partidos (prerrogativas) no se trasladan de manera equitativa a las candidatas.

Por ejemplo, puntualizó Zavala, las modificaciones aplicadas al reglamento de Radio y Televisión se dieron porque “lamentablemente veíamos que a las mujeres no se les dan tiempos ni recursos”, e incluso desde los mismos partidos nacionales y locales se dan conductas que ya significan violencia.

En el país, dijo, pasamos del modelo de cuotas (candidaturas para mujeres) al principio de paridad, en el que el 50 por ciento para ellas es un piso, así como a reformas a ocho leyes específicas del ámbito político electoral.

De esa forma se logró que una persona no puede ser candidata a un puesto de representación popular si tiene alguna sentencia firme por comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, cuando se afecte el normal desarrollo psicosexual; cuando se ejerza violencia familiar, por violación a la intimidad sexual, morosidad en el pago de pensión alimentaria o cuando se ejerza violencia en cualquiera de sus modalidades.

En la primera etapa de la defensoría para víctimas de este ámbito, instaurada por el INE, de 58 solicitudes de apoyo solo 4 decidieron avanzar hacia la denuncia penal o administrativa. Además, la mayoría fue victima de violencia psicológica y simbólica, sobre todo a nivel local.

Pese a que esta defensoría se instaló a manera de programa piloto, de inmediato llegaron casos incluso de violencia física, aunque el predominio es de la psicológica (92 por ciento a nivel federal y 75 por ciento de las quejas del ámbito local), mientras que la simbólica fue 50 y 69 por ciento, respectivamente.

“Se canalizaron solo el cuatro por ciento ¿Qué quiere decir esto?, que las mujeres acuden, las atendemos y en ese espacio se sienten seguras y continúan (pero) no todas dan el paso para la denuncia”.